Inzunza se aferra al escaño y responde a señalamientos con defensa política y jurídica desde el Senado
El senador Enrique Inzunza reapareció públicamente en medio de la controversia que lo rodea para fijar una postura clara: no solicitará licencia a su cargo y enfrentará las acusaciones en su contra desde la tribuna del Senado de la República.
A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el legislador sinaloense defendió su trayectoria en el servicio público y calificó como “calumnias” las imputaciones que —aseguró— buscan desacreditarlo. En su posicionamiento, subrayó que su responsabilidad como representante popular le fue conferida por la ciudadanía y que su actuación seguirá apegada a la Constitución.
Inzunza hizo énfasis en su carrera dentro del Poder Judicial de Sinaloa, donde acumuló más de 25 años de experiencia y llegó a ocupar la presidencia del tribunal estatal. Desde esa base, sostuvo que su formación jurídica le permite rechazar de manera categórica los señalamientos y anticipó que responderá a cada uno de ellos “desde el recto ejercicio” de su función legislativa.
El senador también vinculó el momento de las acusaciones con su reciente participación en la tribuna del Senado, donde defendió la soberanía nacional frente a lo que consideró una actuación inconstitucional de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano. Según su versión, los señalamientos surgieron un día después de ese posicionamiento, lo que sugirió un trasfondo político en su contra.
En su mensaje, Inzunza dejó abierta la puerta a colaborar con cualquier investigación formal en México, al afirmar que acudirá a las citaciones que le formulen las autoridades competentes, siempre dentro del marco constitucional.
Finalmente, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, alineándose con los principios de “verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional”, que —dijo— guían al actual gobierno.
La reaparición del legislador ocurre en un contexto de creciente presión política y mediática, donde su decisión de mantenerse en funciones abre un nuevo capítulo en la disputa, trasladando el foco del caso al terreno legislativo y al debate público sobre responsabilidades, soberanía y uso de las instituciones.
