Sheinbaum va contra red de proveedores electorales millonarios
Investigación federal identifica seis empresas vinculadas, contratos concentrados durante décadas y posibles simulaciones de competencia en organismos electorales estatales.
La revisión de los contratos para fabricar y suministrar materiales electorales abrió un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso bajo escrutinio una presunta red empresarial que habría concentrado durante décadas miles de millones de pesos en adjudicaciones de organismos electorales, mediante mecanismos cuya legalidad y transparencia ahora deberán esclarecerse.
La investigación presentada el 5 de noviembre de 2026 por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, documentó adjudicaciones por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025 a seis empresas relacionadas entre sí, de acuerdo con los hallazgos expuestos por el Gobierno federal.
El expediente revela que 2 mil 94 millones de pesos fueron contratados entre 2015 y 2023, mientras que otros 646.3 millones corresponden a 2024 y 2025. La dimensión del fenómeno queda reflejada en la participación de los organismos electorales: 23 de las 32 entidades contrataron a estas compañías durante el primer periodo y 15 lo hicieron en el segundo.
Más que una simple revisión administrativa, el caso coloca en el centro del debate la manera en que se distribuyeron los recursos públicos destinados a garantizar la organización de las elecciones en México.
UNA RED EMPRESARIAL BAJO LA LUPA
Las compañías señaladas en la investigación son Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, SERIPLAST de México, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Formas Finas Fernando Fernández.
El expediente identifica conexiones entre sus estructuras societarias, representantes legales y relaciones familiares, además de vínculos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Uno de los aspectos que concentra la atención de las autoridades es la posibilidad de que algunas empresas relacionadas hayan participado simultáneamente en procedimientos de contratación, generando una apariencia de competencia entre proveedores que presuntamente compartían intereses.
De comprobarse esa hipótesis, las licitaciones habrían perdido uno de sus principios fundamentales: garantizar condiciones equitativas para que distintas empresas compitan por los contratos públicos.
La investigación también plantea posibles vínculos con prestanombres, compañías sin capacidad operativa y movimientos financieros que requieren un análisis más profundo por parte de las instancias fiscalizadoras y ministeriales.
UN NEGOCIO CON ANTECEDENTES DESDE LOS AÑOS OCHENTA
Los antecedentes documentados se remontan a varias décadas. El expediente refiere que los hermanos Hernández Casillas tuvieron vínculos laborales con dependencias de la Secretaría de Gobernación antes de participar en la creación de compañías relacionadas con el suministro de materiales electorales.
Entre las primeras sociedades aparecen Cartonera Plástica, constituida en 1988, y Formas Finas Fernando Fernández, creada en 1992.
Para 1999 ya existían antecedentes de participación de Cartonera Plástica en el mercado electoral del Estado de México. Posteriormente, en 2005, obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del instituto electoral mexiquense.
Aquella adjudicación estuvo acompañada de denuncias por presuntas irregularidades y sobornos, en un escándalo que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.
Estos antecedentes muestran que las preocupaciones sobre la concentración de proveedores no surgieron recientemente, sino que forman parte de una problemática que deberá revisarse a lo largo de distintas administraciones.
PUEBLA Y CAMPECHE, ENTRE LAS ENTIDADES CON CONTRATOS
La distribución territorial de los recursos también revela cifras relevantes.
En Puebla, las seis compañías acumularon adjudicaciones por 49.4 millones de pesos entre 2015 y 2023, mientras que para 2024-2025 el monto reportado ascendió a 129.7 millones.
En Campeche, los contratos sumaron 35.7 millones de pesos durante el primer periodo y otros 37.9 millones en los dos años más recientes analizados.
Veracruz encabezó las adjudicaciones de 2015 a 2023, con 570.4 millones de pesos, seguido de Nuevo León, Hidalgo y Oaxaca.
En contraste, durante 2024 y 2025 Puebla registró el mayor monto dentro de la relación presentada, seguido de Jalisco y Baja California.
Las cifras abren interrogantes sobre los criterios utilizados para asignar los contratos, la participación de otros proveedores y las condiciones bajo las cuales se desarrollaron los procedimientos de adquisición.
Revisan contratos electorales por 2 mil 740.3 millones de pesos
SHEINBAUM PLANTEA ROMPER LA CONCENTRACIÓN
La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado que un grupo reducido de empresas mantenga una presencia dominante en el suministro de materiales electorales.
Por ello, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación revisar las contrataciones y planteó la necesidad de abrir las licitaciones a un mayor número de empresas mexicanas.
También propuso fortalecer a Talleres Gráficos de México para ampliar la capacidad pública de producción de materiales utilizados en los procesos electorales.
La propuesta busca modificar las condiciones de un mercado que, de acuerdo con la investigación, habría permanecido concentrado durante años, además de generar mayores posibilidades de competencia y mejores condiciones para el uso del presupuesto público.
UIF BLOQUEA 40 OBJETIVOS Y PRESENTA DENUNCIA
La revisión de los contratos coincide con otras acciones de fiscalización. El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral ha señalado posibles prácticas monopólicas y simulación de competencia en los procedimientos de contratación.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera informó el 5 de noviembre sobre el bloqueo preventivo de 40 objetivos relacionados con proveedores electorales: 25 personas y 15 empresas.
La dependencia también reportó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen los hechos y se determinen las posibles responsabilidades.
Sin embargo, la UIF precisó que el bloqueo de cuentas constituye una medida precautoria y no significa que exista una resolución definitiva sobre la culpabilidad de las personas o empresas involucradas.
La investigación deberá sustentarse en pruebas, respetar el derecho de defensa y establecer si existieron conductas ilegales, responsabilidades administrativas o posibles delitos.
EL DESAFÍO: TRANSPARENTAR EL NEGOCIO ELECTORAL
El caso coloca bajo escrutinio no solamente a las empresas proveedoras, sino también a los funcionarios y responsables administrativos que intervinieron en las adjudicaciones durante los periodos investigados.
La pregunta central es cómo pudo mantenerse durante tantos años una concentración de contratos de esta magnitud sin que los mecanismos de vigilancia y fiscalización lograran corregir oportunamente las posibles irregularidades.
La rendición de cuentas deberá permitir conocer quiénes fueron los beneficiarios reales, qué criterios justificaron cada adjudicación y si existieron acuerdos para limitar la competencia.
La democracia no depende únicamente de elecciones libres y periódicas; también requiere instituciones capaces de administrar con transparencia los recursos destinados a organizarlas.
Con esta investigación, el Gobierno de Claudia Sheinbaum coloca en la agenda nacional la revisión de un mercado estratégico y plantea una exigencia de fondo: terminar con cualquier privilegio, esclarecer el destino de los recursos públicos y garantizar que los contratos electorales se asignen bajo reglas de competencia abierta, legalidad y transparencia.
