Sheinbaum cuestiona contratos del INE y señala antecedentes de irregularidades
La presidenta sitúa el fortalecimiento de proveedores entre 2014 y 2023 y anuncia cambios para transparentar las compras electorales nacionales.
La discusión sobre las contrataciones de materiales electorales abrió un nuevo frente de revisión sobre la administración del Instituto Nacional Electoral (INE). La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que las presuntas irregularidades en ese sector no comenzaron con Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes de varias décadas y, de acuerdo con su exposición, se fortalecieron durante el periodo en que Lorenzo Córdova encabezó el organismo, de 2014 a 2023.
Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que se responsabilice exclusivamente a la actual presidenta del INE por una estructura de proveedores que, afirmó, mantuvo vínculos con organismos electorales desde administraciones anteriores.
“Taddei no viene de Morena. Viene del INE de Lorenzo Córdova”, expresó Sheinbaum, al recordar que Guadalupe Taddei fue designada en 2014 como presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del entonces Instituto Nacional Electoral.
La presidenta explicó que, a partir de la reforma electoral de ese año, el INE asumió la facultad de designar a los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de las 32 entidades federativas, atribución que anteriormente correspondía a los congresos estatales.
Con ese antecedente, cuestionó que durante nueve años, bajo la conducción de Córdova, no se establecieran mecanismos suficientes para impedir la concentración de contratos, los posibles sobreprecios y la intermediación de empresas en la producción de materiales electorales.
LOS PROVEEDORES, BAJO LA LUPA
Uno de los puntos centrales de la exposición presidencial fue el historial empresarial de los hermanos Hernández-Casillas, a quienes señaló como figuras relacionadas con compañías que han obtenido contratos para suministrar materiales a instituciones electorales.
Según los antecedentes presentados por Sheinbaum, ambos trabajaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en dependencias federales como el Registro Nacional de Población (Renapo) y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La mandataria mencionó a Juan Carlos Padilla Aguilar como el funcionario que habría facilitado su incorporación al servicio público. Posteriormente, de acuerdo con la reconstrucción expuesta, los hermanos desarrollaron actividades empresariales y obtuvieron contratos con el Instituto Electoral del Estado de México.
Sheinbaum hizo referencia a señalamientos y controversias registrados en 1999 y 2005, relacionados con adjudicaciones que, según su exposición, superaron los dos mil millones de pesos.
El señalamiento presidencial apunta a revisar cómo determinados proveedores lograron conservar presencia en el mercado electoral durante distintos periodos y administraciones, así como identificar quiénes participaron en las decisiones de contratación.
LA RUTA POLÍTICA QUE LA PRESIDENTA PIDIÓ INVESTIGAR
Otro de los nombres mencionados fue el de Juan Carlos Padilla Aguilar, cuya trayectoria, sostuvo Sheinbaum, conecta los antecedentes de los proveedores con actores políticos actuales.
La presidenta señaló que Padilla habría trabajado en el Estado de México durante el periodo en que se registraron las controversias por contratos electorales y que posteriormente apareció como representante de una organización vinculada con Guadalupe Acosta Naranjo.
También mencionó la relación política de Acosta Naranjo con Lorenzo Córdova, con quien participa en el proyecto del partido Somos.
A partir de esos antecedentes, Sheinbaum planteó interrogantes sobre la continuidad de los vínculos entre funcionarios, empresarios y organizaciones políticas. No obstante, sostuvo que corresponde a las autoridades fiscalizadoras y ministeriales determinar si existieron responsabilidades administrativas o delitos.
La presidenta plantea revisar contratos electorales desde su origen
AUDITORÍAS Y RESPONSABILIDADES, SIN EXCEPCIONES
La titular del Ejecutivo federal aclaró que no pretende justificar ninguna conducta irregular dentro del INE, independientemente de quiénes hayan participado o del periodo en que ocurrieron los hechos.
“No se defiende si hubo un acto ilegal”, afirmó, al señalar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) deben investigar a todos los involucrados, incluida cualquier persona que pudiera tener responsabilidad en la estructura actual o anterior del organismo electoral.
Informó además que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado cuentas a solicitud de la ASF, como parte de las acciones relacionadas con las investigaciones.
La mandataria insistió en que las indagatorias deben abarcar el origen de las contrataciones, los procedimientos de adjudicación, los precios pagados y la identidad de las empresas que realmente fabrican los productos.
TALLERES GRÁFICOS, PIEZA CENTRAL DE LA REFORMA
Más allá de los señalamientos, Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación encargado de producir boletas y otros materiales electorales.
La propuesta contempla modernizar sus equipos y modificar su esquema de gobernanza para incorporar a más instituciones públicas, además de representantes académicos y especialistas de universidades como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Tecnológico de Monterrey.
También se plantea que la ASF participe como observadora en su consejo de administración, junto con las dependencias federales correspondientes.
El propósito es que los materiales electorales de alta seguridad puedan producirse principalmente en una institución del Estado mexicano, mientras que otros insumos, como urnas y mamparas, puedan adquirirse mediante procedimientos abiertos a empresas nacionales.
Sheinbaum consideró necesario terminar con la intermediación de compañías que, según denunció, operan como “coyotes”, es decir, obtienen contratos sin fabricar directamente los productos que suministran.
Por ello, pidió al INE establecer reglas transparentes, publicar rangos de precios y privilegiar la contratación directa con fabricantes, a fin de evitar diferencias injustificadas en los costos entre entidades.
EL RETO ANTE LAS ELECCIONES DE 2027
La revisión adquiere especial relevancia ante la proximidad del proceso electoral de 2027, cuando se requerirá una nueva adquisición de boletas, urnas, mamparas y diversos insumos para la organización de los comicios.
La presidenta advirtió sobre diferencias de precios que, de acuerdo con los datos que presentó, pueden alcanzar hasta diez veces entre una entidad y otra.
En ese contexto, exigió que el INE y las instancias fiscalizadoras revisen los mecanismos de compra y garanticen condiciones de competencia, transparencia y rendición de cuentas.
El planteamiento del Gobierno federal abre dos líneas de discusión: esclarecer las posibles irregularidades en las contrataciones pasadas y modificar el modelo de adquisición de materiales electorales para los próximos comicios.
Sheinbaum sostuvo que la investigación no debe limitarse a la actual administración del INE, sino reconstruir la trayectoria de los contratos y determinar cómo se consolidaron los proveedores que han participado durante décadas en ese mercado.
