La policía húngara prohíbe marcha alternativa al desfile del Orgullo en Budapest


En un hecho que ha generado una ola de reacciones, la policía húngara prohíbe marcha alternativa convocada por el Ayuntamiento de Budapest para el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. Esta decisión busca frenar una manifestación que había sido planteada como respuesta al veto gubernamental a la celebración del Orgullo LGTBI+, aumentando la tensión entre las autoridades nacionales y los defensores de derechos humanos.
La policía húngara prohíbe marcha LGTBI+: un nuevo capítulo en la represión del colectivo
La prohibición impuesta por la policía húngara al evento alternativo organizado por el alcalde progresista Gergely Karácsony ha puesto en evidencia una escalada preocupante en la política represiva de Viktor Orbán contra el colectivo LGTBIQ+. Karácsony declaró con firmeza que “ni la libertad ni el amor pueden prohibirse, y el Budapest Pride tampoco”, desafiando abiertamente las medidas impuestas por el gobierno ultranacionalista.
Entre los asistentes al desfile del Orgullo en Budapest se espera la participación de decenas de miles de personas, incluyendo 70 eurodiputados, una comitiva española con el ministro de Cultura y varios partidos políticos. La movilización, según los organizadores, será una respuesta masiva a la política restrictiva del Gobierno.
Fidesz y su cruzada ideológica: de los estudios de género a la ley anti-Orgullo
Desde que el partido Fidesz asumió el poder, Hungría ha experimentado una serie de regresiones legislativas en derechos fundamentales. En 2018, se eliminaron los estudios de género en las universidades; en 2019, Coca-Cola fue multada por mostrar una pareja homosexual.
En 2021, se aprobó la infame ley de “propaganda LGTBI+” que prohíbe representar la diversidad sexual entre menores. Hoy, esa misma ley se utiliza para justificar la prohibición de la marcha de forma sistemática, un hecho inédito en la Unión Europea.
Reacción internacional ante la prohibición: “una marcha histórica y potente”
Desde Bruselas hasta Madrid, las reacciones no se hicieron esperar. El Congreso español instó al Gobierno a condenar el veto, mientras que partidos como Vox se desmarcaron. Para el diputado Víctor Gutiérrez, “las prohibiciones de Orbán van a movilizar a más personas”. La abogada Eszter Polgári alertó que lo ocurrido en Hungría podría replicarse en otras democracias frágiles de Europa del Este, como Eslovaquia o Bulgaria.
Además, varios colectivos, incluyendo Amnistía Internacional Hungría y Háttér Society, anunciaron que acudirán a los tribunales para frenar las medidas del Ejecutivo. También se espera que lleven el caso a instancias europeas e internacionales.
Tamara Ćapeta, abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, sostuvo que Hungría “se ha desviado del modelo de democracia constitucional”. Reforzando los argumentos para anular la ley que permite este tipo de censuras.
Hungría: una democracia en retroceso
A nivel europeo, Hungría figura como uno de los peores países para los derechos LGTBIQ+. Organizaciones como ILGA alertan sobre las graves restricciones a libertades básicas bajo el pretexto de “proteger el orden público”.
La reciente reforma constitucional, que vincula género con sexo asignado al nacer y permite restricciones amplias en nombre de la infancia, confirma que el gobierno de Orbán avanza hacia una institucionalización de la discriminación.
Orbán y la creación del “enemigo interno”
El ascenso de Péter Magyar, un exaliado que hoy critica abiertamente al gobierno, amenaza la hegemonía de Fidesz en las elecciones parlamentarias de 2026. Sin embargo, el aparato político de Orbán sigue utilizando estrategias de polarización: primero fueron los refugiados, luego las ONG, los académicos, y ahora el colectivo LGTBIQ+.
Aunque la policía húngara prohíbe la marcha alternativa al desfile del Orgullo, el mensaje ha sido claro: no es un veto lo que va a silenciar la lucha por la igualdad. La comunidad internacional, las organizaciones sociales y una gran parte del pueblo húngaro están más decididos que nunca a visibilizar el atropello y defender los derechos fundamentales.