INE abre revisión de contratos y gestiones anteriores
Por unanimidad, el Consejo General solicitará a la ASF fiscalizar contrataciones y operaciones administrativas, sin limitarse arbitrariamente a diez años
El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la puerta a una revisión profunda de sus procedimientos administrativos y contrataciones, al aprobar por unanimidad solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una auditoría extraordinaria que permita esclarecer posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y la adquisición de materiales electorales.
La fiscalización abarcará operaciones de anteriores administraciones del organismo, incluida la gestión de Lorenzo Córdova, y tendrá como límite los plazos legales de investigación y sanción de la autoridad auditora, luego de que los consejeros modificaron la propuesta inicial que establecía un periodo específico de diez años.
Durante la sesión del Consejo General, el consejero electoral Arturo Castillo planteó que la revisión no debía sujetarse a una temporalidad establecida de manera arbitraria, pues consideró necesario que la ASF determine hasta dónde puede llegar conforme a sus atribuciones legales.
El funcionario sostuvo que la intención debe ser permitir que se investiguen todas aquellas operaciones que todavía puedan ser objeto de fiscalización, sin establecer restricciones que generen cuestionamientos sobre el alcance de la auditoría.
La modificación fue incorporada al acuerdo aprobado por unanimidad, con lo que la solicitud contempla revisar las operaciones y actuaciones del INE hasta donde lo permitan las facultades legales de la ASF.
Uno de los puntos centrales de la investigación será la contratación de empresas proveedoras de materiales electorales, un sector sobre el que existen señalamientos de una presunta concentración de contratos durante al menos 27 años, tanto en el ámbito federal como en los organismos electorales de las entidades.
La revisión también podría extenderse a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), debido a que los señalamientos sobre la proveeduría de insumos para los procesos democráticos no se circunscriben exclusivamente a la estructura administrativa nacional.
En ese sentido, Ernesto Guerra, representante del Partido Paz ante el INE, respaldó la fiscalización y advirtió que las posibles irregularidades deben analizarse más allá de las oficinas centrales del Instituto.
INE abre revisión de contratos y gestiones anteriores
Señaló que los OPLE también forman parte del entramado institucional donde se desarrollaron las relaciones comerciales para adquirir materiales electorales, por lo que consideró necesario que la revisión tenga una perspectiva nacional.
Sin embargo, la propuesta original de auditar diez años de operaciones generó cuestionamientos entre representantes de partidos políticos de oposición, incluidos PAN, PRI, Somos y Movimiento Ciudadano.
Juan Zavala, representante de Movimiento Ciudadano, manifestó su inconformidad con el periodo inicialmente planteado, al considerar que no existía una justificación suficiente para establecer ese límite temporal.
La discusión evidenció diferencias sobre la extensión de la fiscalización, aunque finalmente prevaleció la propuesta de sujetar el alcance de las investigaciones a las disposiciones legales aplicables.
La solicitud de auditoría ocurre después de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la administración de Guadalupe Taddei, particularmente en los procedimientos para contratar empresas encargadas de suministrar materiales electorales.
Con esta decisión, el INE solicita la intervención de la ASF para revisar sus operaciones administrativas y contractuales, esclarecer posibles anomalías y determinar, en su caso, si existen responsabilidades que deban ser investigadas o sancionadas.
El resultado de la fiscalización permitirá conocer el alcance de las contrataciones, las condiciones en que se asignaron los recursos y la actuación de las distintas administraciones del organismo electoral.
