Rechazan trabajadores del PJF evaluación y toman sedes judiciales
Las protestas se extendieron a más de 16 estados; empleados denuncian incertidumbre laboral y exigen modificar los nuevos criterios de evaluación
La inconformidad por las nuevas reglas de evaluación del personal judicial escaló a una movilización nacional. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) tomaron este viernes instalaciones en distintas entidades del país y suspendieron actividades en varios inmuebles, en rechazo al examen de desempeño que aplicará el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
En la Ciudad de México, los manifestantes cerraron los accesos del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro desde el primer minuto de este viernes, colocaron candados en las entradas principales e instalaron un plantón para impedir el desarrollo habitual de las actividades jurisdiccionales.
La protesta también se extendió a los edificios judiciales de Ajusco, Las Flores y Prisma, mientras que trabajadores de otras entidades se sumaron a la convocatoria, con lo que el movimiento alcanzó más de 16 estados.
El motivo central del conflicto es el acuerdo publicado el jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual el OAJ estableció los criterios y procedimientos para evaluar al personal perteneciente a la carrera judicial.
Los empleados consideran que las nuevas disposiciones pueden afectar su estabilidad laboral y generar incertidumbre sobre la continuidad de sus plazas, incluso entre quienes cuentan con años de experiencia y anteriormente superaron procesos de selección, promoción y acreditación para ocupar sus puestos.
Cuestionan peso de exámenes y evaluaciones
Uno de los principales puntos de desacuerdo es la integración de la calificación final. De acuerdo con los criterios establecidos, el examen de conocimientos tendrá un valor de 40 por ciento, mientras que el 60 por ciento restante dependerá de otros indicadores relacionados con el desempeño, la productividad y las valoraciones de superiores jerárquicos y compañeros de trabajo.
Para los inconformes, esta distribución abre la posibilidad de que las evaluaciones incorporen criterios subjetivos, debido al peso que tendrán las opiniones de quienes encabezan juzgados y tribunales.
Advierten que el mecanismo podría convertirse en una herramienta de presión interna, particularmente porque consideran que su permanencia no debería quedar condicionada a nuevas pruebas después de haber acreditado los procedimientos institucionales para obtener sus nombramientos.
La inconformidad no se limita a la aplicación de un examen, sino que también involucra la manera en que se determinará el desempeño individual y las consecuencias que podrían derivarse de las calificaciones.
Exigen proteger derechos laborales
Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, explicó que la movilización tiene como objetivo conseguir que el Órgano de Administración Judicial deje sin efectos el acuerdo y abra una revisión de las disposiciones.
La representación de los empleados plantea que cualquier mecanismo de evaluación debe enfocarse en la capacitación, actualización profesional y mejoramiento del servicio público de justicia, sin vulnerar los derechos adquiridos ni poner en riesgo la estabilidad laboral.
En la capital del país, los manifestantes anunciaron que mantendrán guardias en los accesos de los edificios tomados. En San Lázaro, señalaron que permitirán el ingreso del personal de seguridad, trabajadores de servicios indispensables y usuarios de la guardería instalada en el complejo.
La suspensión de actividades plantea un desafío para el funcionamiento cotidiano de las instalaciones judiciales, aunque la movilización busca mantener abiertos algunos servicios considerados indispensables.
Rechazan trabajadores del PJF evaluación y toman sedes judiciales
OAJ asegura que primera evaluación será diagnóstica
Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial informó este viernes que la primera evaluación, programada para diciembre de 2026, tendrá exclusivamente un carácter diagnóstico.
El organismo precisó que esta etapa no contemplará aprobación ni reprobación y tampoco tendrá consecuencias inmediatas sobre la permanencia laboral o las plazas de los trabajadores.
Explicó que el propósito será identificar fortalezas y áreas de oportunidad entre los integrantes de la carrera judicial, a fin de diseñar programas de capacitación y establecer mecanismos para fortalecer el desempeño institucional.
Asimismo, reconoció el derecho de los empleados a manifestarse y expresó su disposición a mantener el diálogo para atender las preocupaciones relacionadas con la aplicación de los nuevos criterios.
Diciembre, primer paso del calendario de evaluaciones
De acuerdo con el calendario difundido, las evaluaciones se realizarán en distintas fechas, dependiendo de la categoría laboral de los trabajadores.
* 4 de diciembre: examen para secretarios.
* 8 de diciembre: evaluación para actuarios.
* 14 y 15 de diciembre: pruebas para oficiales judiciales.
Aunque el OAJ sostiene que esta primera aplicación no tendrá efectos inmediatos sobre los puestos de trabajo, los trabajadores mantienen su rechazo al acuerdo y demandan modificaciones que garanticen certeza sobre sus derechos laborales.
El conflicto coloca en el centro de la discusión el alcance de los mecanismos de evaluación dentro del Poder Judicial: mientras la autoridad plantea utilizarlos como instrumentos de diagnóstico y capacitación, los empleados exigen garantías de que no se convertirán en un factor de incertidumbre para quienes integran la institución.
