Revelan presuntos vínculos de Guadalupe Taddei con contratista del INE; ASF investiga irregularidades
La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que se difundieran grabaciones e imágenes que evidenciarían la cercanía de su entorno familiar con José Alfredo Hernández Casillas, representante de una empresa que ha obtenido más de 240 millones de pesos en licitaciones del organismo electoral.
Las revelaciones, difundidas por Latinus, muestran presuntos encuentros entre el contratista y familiares de la consejera presidenta, además de imágenes en las que aparece junto a la funcionaria, a quien presuntamente se refiere como “reina”.
Difunden video de presunto viaje a París
Entre los materiales presentados destaca una grabación en la que aparece Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la presidenta del INE, en lo que sería una estancia en París, Francia, acompañado de Hernández Casillas.
En el video, el contratista muestra la vista desde una habitación del hotel Le Maurice y dirige al joven la expresión: “París a tus pies, muchachito”.
Posteriormente, Piñeda Taddei sirve dos copas de champán, una para él y otra para su acompañante, quien, tras probar la bebida, comenta: “Qué bueno está el champán de París”.
La difusión de estos materiales ha generado interrogantes sobre la relación entre el empresario y la familia de la titular del órgano electoral, así como sobre la naturaleza de sus vínculos.
Contratista también habría sido asignado como chofer
Las primeras publicaciones periodísticas sobre el caso señalaron que Hernández Casillas figuraba como supuesto chofer asignado a Guadalupe Taddei, con una remuneración de 45 mil pesos mensuales, pese a que inicialmente se reportó que era desconocido por integrantes del entorno de la funcionaria.
Ante las versiones, Taddei reconoció que Hernández Casillas formó parte de la plantilla laboral del INE. Sin embargo, informó que la relación de trabajo ya concluyó, sin precisar la fecha de su salida ni las circunstancias que motivaron su separación.
El caso también ha puesto bajo escrutinio los contratos otorgados a la empresa Cajas Graf, debido al monto acumulado de las adjudicaciones señaladas en las publicaciones.
ASF abre investigación por posibles irregularidades
En medio de la controversia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició de oficio una investigación sobre posibles anomalías en el uso de recursos públicos relacionados con contrataciones del INE.
De acuerdo con la tarjeta informativa difundida el 23 de octubre, el órgano fiscalizador identificó indicios de posibles conflictos de interés, colusiones y triangulaciones de recursos en distintos procesos de contratación.
La revisión se encuentra en una etapa preliminar y, hasta el momento referido, la ASF no había señalado públicamente a responsables específicos.
Taddei anuncia cambios y ofrece colaborar con la auditoría
En un comunicado emitido el 24 de octubre, la presidenta del INE adelantó que habrá relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa, en el contexto del procedimiento de revisión iniciado.
Asimismo, aseguró que la institución atenderá los requerimientos de la ASF y que remitirá al Órgano Interno de Control los antecedentes relacionados con las contrataciones bajo revisión.
No obstante, Taddei manifestó que no hará comentarios sobre el caso, una postura que mantiene abiertas diversas interrogantes frente a los cuestionamientos de la prensa.
Cuestionamientos rumbo al próximo proceso electoral
Las revelaciones y la investigación fiscalizadora colocan al INE ante un escenario de presión institucional, en la antesala del próximo proceso electoral.
Entre los temas pendientes figuran el esclarecimiento de la relación entre el contratista y el círculo familiar de Taddei, la revisión de las adjudicaciones y la posible existencia de responsabilidades administrativas.
Por ahora, tampoco está definido si Guadalupe Taddei continuará al frente del organismo o si habrá cambios en su conducción. Las presuntas irregularidades deberán ser esclarecidas por las instancias competentes, sin que los señalamientos difundidos constituyan por sí mismos una determinación de responsabilidad.
