FGR centraliza investigación por presunta injerencia extranjera en operativo en Chihuahua; cita a medio centenar de funcionarios
La Fiscalía General de la República (FGR) escaló el caso del operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua al abrir una línea de investigación centrada en posibles violaciones a la seguridad nacional, tras la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia. Como parte de estas indagatorias, el organismo federal citó a declarar a cerca de 50 funcionarios estatales para esclarecer responsabilidades y determinar si hubo colaboración irregular con autoridades extranjeras.
En un mensaje en video, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, subrayó que, de confirmarse la comisión de delitos relacionados con la presencia de agentes extranjeros sin el debido sustento legal, se aplicarán sanciones conforme a la ley. La investigación, explicó, incluye la verificación del estatus migratorio, acreditaciones oficiales y autorizaciones de seguridad de los ciudadanos estadounidenses involucrados.
El caso pone bajo escrutinio no solo la actuación de posibles agentes extranjeros, sino también el nivel de conocimiento y autorización por parte del gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos. La FGR ha solicitado información formal a diversas autoridades para determinar si existieron acuerdos previos o condiciones jurídicas que justificaran la intervención en el operativo.
El despliegue ocurrió los días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, donde fuerzas de seguridad desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas. Sin embargo, el caso cobró relevancia nacional tras un accidente carretero posterior que dejó cuatro personas fallecidas: dos funcionarios mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses, lo que detonó cuestionamientos sobre la posible intervención de la CIA.
El entonces fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, hizo público el hecho el 19 de abril, pero días después, el 27 de abril, presentó su renuncia en medio de la controversia.
En paralelo, la creación de una comisión estatal impulsada por el gobierno de Chihuahua para investigar los hechos generó un señalamiento directo por parte de la FGR, que reiteró que es la única instancia con competencia legal para conducir investigaciones de esta naturaleza, particularmente cuando involucran posibles afectaciones a la soberanía nacional.
La FGR abrió formalmente dos carpetas de investigación el 29 de abril: una por el narcolaboratorio desmantelado y otra por la presunta participación de agentes extranjeros en operativos antidrogas en coordinación con mandos de la Agencia Estatal de Investigación. Ambas líneas buscan determinar si hubo violaciones legales, uso indebido de atribuciones o colaboración fuera de los marcos institucionales permitidos.
El caso se perfila como un punto de tensión entre los distintos niveles de gobierno y abre un debate sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad, en un contexto donde la soberanía y el control territorial vuelven a colocarse en el centro de la agenda pública.
