Sheinbaum exige revisar cuentas de anteriores dirigencias del INE
**KICKER**
Investigan contratos, gastos y responsabilidades en el árbitro electoral
**CABEZA**
Sheinbaum exige revisar cuentas de anteriores dirigencias del INE
**SUMARIO**
La mandataria plantea esclarecer posibles irregularidades en el organismo electoral, revisar contrataciones y fincar responsabilidades sin distinción de periodos ni funcionarios involucrados.
**NOTA PERIODÍSTICA**
La revisión de los recursos públicos y las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) abre un nuevo capítulo sobre la rendición de cuentas del organismo, luego de los señalamientos relacionados con su administración y la salida de Guadalupe Taddei. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que las posibles irregularidades deben investigarse a fondo, una exigencia que coloca bajo escrutinio tanto a la actual dirigencia como a las anteriores.
El debate también alcanza la gestión de Lorenzo Córdova, quien encabezó el instituto entre 2014 y 2023, cuando todavía se denominaba Instituto Nacional Electoral, tras la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE). La revisión de ese periodo implicaría examinar decisiones administrativas, procedimientos de contratación y el uso de los presupuestos asignados al organismo, siempre con base en documentos y evidencias que permitan determinar si existieron faltas.
Los señalamientos sobre presuntos contratos con proveedores relacionados con funcionarios, adjudicaciones directas y posibles conflictos de interés han colocado la transparencia del gasto electoral en el centro de la discusión pública. Para establecer responsabilidades, las autoridades fiscalizadoras y ministeriales deberán determinar si las operaciones cuestionadas incumplieron la ley y quiénes participaron en ellas.
La revisión no tendría que limitarse a una sola administración. El funcionamiento del organismo electoral durante las últimas décadas ha sido objeto de controversias políticas, particularmente por las decisiones tomadas en procesos presidenciales y las sanciones aplicadas a partidos y candidatos.
LOS ANTECEDENTES ELECTORALES, BAJO LA LUPA
Entre los episodios que continúan presentes en la discusión pública figuran el Pemexgate y el caso Amigos de Fox, relacionados con el financiamiento de campañas durante el proceso electoral de 2000. Ambos asuntos derivaron en investigaciones y procedimientos de fiscalización, aunque sus resultados y consecuencias fueron distintos. Por ello, cualquier revisión histórica deberá precisar qué se investigó, cuáles fueron las resoluciones y si quedaron responsabilidades pendientes.
La elección presidencial de 2006 también representa uno de los momentos más controvertidos de la historia electoral reciente. Andrés Manuel López Obrador cuestionó los resultados que dieron el triunfo a Felipe Calderón, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de la elección. Las denuncias de irregularidades y la estrecha diferencia entre ambos candidatos alimentaron durante años el debate sobre la confianza en las instituciones electorales.
En 2012, las acusaciones relacionadas con las tarjetas Monex y el presunto uso de recursos para favorecer al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, provocaron nuevas exigencias de fiscalización. El caso derivó en actuaciones de las autoridades electorales, pero las responsabilidades deben establecerse conforme a las resoluciones oficiales de cada procedimiento.
Durante la elección de 2018, Lorenzo Córdova presidía el INE. En esos comicios, López Obrador obtuvo una amplia victoria y Ricardo Anaya quedó en segundo lugar. Las acusaciones de intervención política y las críticas al desempeño de las autoridades electorales forman parte de la confrontación partidista de aquel periodo, aunque las afirmaciones sobre intentos de alterar los resultados requieren pruebas específicas para presentarse como hechos acreditados.
Investigan contratos, gastos y responsabilidades en el árbitro electoral
EL GASTO ELECTORAL, EN EL CENTRO DEL DEBATE
Además de esclarecer posibles irregularidades, la discusión apunta al costo de mantener la estructura electoral. Sheinbaum ha defendido una reforma para reducir los gastos de las elecciones y los recursos destinados tanto al INE como a los partidos políticos. La propuesta, sin embargo, no consiguió la mayoría calificada necesaria para avanzar en los términos planteados.
El presupuesto del organismo se ha convertido en otro punto de controversia. Las cifras mencionadas en el debate público ubican sus recursos anuales en decenas de miles de millones de pesos, con variaciones importantes entre los años sin elecciones federales y aquellos en los que se organizan comicios. Para valorar su dimensión, también es necesario distinguir entre el presupuesto operativo del instituto, las prerrogativas partidistas y los recursos extraordinarios para procesos electorales.
La comparación con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido utilizada para cuestionar las prioridades del gasto público. Sin embargo, sus funciones son diferentes: mientras el INE organiza elecciones, fiscaliza partidos y garantiza actividades relacionadas con los derechos político-electorales, la UNAM sostiene labores de educación superior, investigación y difusión cultural. La comparación presupuestaria, por tanto, requiere considerar las responsabilidades y necesidades de cada institución.
La exigencia de revisar las administraciones anteriores plantea una cuestión central: cómo garantizar que el organismo encargado de organizar elecciones también rinda cuentas sobre el manejo de sus recursos. La autonomía electoral no excluye la fiscalización ni la obligación de transparentar los contratos públicos.
En ese contexto, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y las actuaciones que, en su caso, correspondan a la Unidad de Inteligencia Financiera deberán aclarar el alcance de las operaciones señaladas y determinar si existen elementos para iniciar procedimientos administrativos o penales.
La eventual salida de una persona titular no sustituye las investigaciones ni elimina las obligaciones institucionales. Si se acreditan irregularidades, las autoridades deberán identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes, independientemente del periodo en que ocurrieron los hechos.
El alcance de la revisión dependerá de la documentación disponible, las auditorías practicadas y las resoluciones de las instancias competentes. La discusión sobre el pasado del INE, sus costos y su autonomía tendrá consecuencias para el debate sobre la reforma electoral, pero la rendición de cuentas deberá sostenerse en pruebas verificables y no únicamente en acusaciones políticas.
