Empresas bajo la lupa por contratos públicos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reporta multas, inhabilitaciones y denuncias penales contra compañías y particulares involucrados en irregularidades
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, informó que 286 personas morales han sido sancionadas por irregularidades relacionadas con contrataciones públicas, con multas acumuladas por 147.3 millones de pesos.
Del total, 222 empresas fueron inhabilitadas además de recibir una sanción económica, mientras que otras 64 únicamente fueron multadas, de acuerdo con el balance presentado este martes.
La dependencia señaló que entre las conductas detectadas destacan la presentación de documentación falsa durante procesos de licitación, incumplimientos contractuales, simulación de experiencia técnica y capacidad financiera, así como la omisión de posibles conflictos de interés.
Uno de los mecanismos identificados consiste en la participación de varias compañías que, aunque formalmente aparecen como competidoras dentro de una licitación, estarían relacionadas con un mismo propietario. En estos casos, cuatro o cinco empresas pueden presentarse para generar una apariencia de competencia y favorecer la obtención de un contrato.
Casos que llegaron a tribunales
La estrategia contra las irregularidades también ha alcanzado a particulares relacionados con servidores públicos. La Secretaría informó que 33 personas fueron enviadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde sus expedientes permanecen en proceso.
En materia de protección de datos personales, ámbito que asumió la dependencia tras la desaparición del INAI, se han impuesto sanciones a 51 particulares, con multas que en conjunto alcanzan 118.5 millones de pesos.
El frente penal registra igualmente una actividad significativa. La Secretaría ha presentado 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por hechos que podrían constituir delitos.
De esos casos, 53 personas ya fueron vinculadas a proceso. Entre los delitos investigados se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Contrato de inteligencia, bajo investigación
Entre los expedientes destacados se encuentra un contrato celebrado en 2015 por la entonces Policía Federal, relacionado con servicios de inteligencia y cuyo monto ascendió a 130 millones de dólares.
Según la información presentada por la Secretaría, de ese contrato se habrían extraído 65 millones de dólares bajo el concepto de gasto de Seguridad Nacional, pese a que el contrato no habría sido pagado.
Como parte de las consecuencias administrativas, se dictaron inhabilitaciones de 15 y 20 años contra el extitular de Inteligencia y la exsecretaria general involucrados en el expediente.
Además, se busca la reparación del daño por 65 millones de dólares, conforme al procedimiento referido por la dependencia.
Caso SADER: pago millonario sin entrega
Otro expediente corresponde a 2025 y está relacionado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
En este caso se contrató por 80 millones de pesos la producción y envasado de dos mil toneladas de frijol. Sin embargo, la dependencia reportó un pago anticipado irregular de 73.6 millones de pesos, mientras que el servicio contratado no fue entregado.
El expediente involucra a nueve servidores públicos y un proveedor, quienes fueron turnados tanto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como a la Fiscalía General de la República para determinar las responsabilidades correspondientes.
Medicamentos oncológicos, otro expediente
El tercer caso expuesto corresponde al ISSSTE y abarca hechos registrados entre 2025 y 2026.
La investigación detectó el retiquetado de medicamentos oncológicos en un almacén rentado de manera privada, con participación de servidores públicos y un proveedor.
Por estos hechos se presentó una denuncia penal en 2025, mientras que en febrero de 2026 se determinó la existencia de una falta administrativa grave relacionada con abuso de funciones y daño patrimonial.
Los tres expedientes muestran las distintas vías mediante las cuales la autoridad está procesando posibles irregularidades: desde multas e inhabilitaciones administrativas hasta procedimientos ante tribunales y denuncias penales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostiene que las investigaciones buscan alcanzar tanto a funcionarios como a empresas y particulares cuando existan elementos para acreditar responsabilidades, particularmente en operaciones que involucren recursos públicos.
El balance presentado por Buenrostro coloca así la contratación gubernamental, la actuación de proveedores y el uso de recursos públicos entre los principales frentes de fiscalización, con expedientes que pueden avanzar simultáneamente por las vías administrativa y penal.
