Puebla respalda investigación federal sobre contrataciones electorales
José Luis García Parra expone antecedentes de 27 años, identifica seis empresas y señala contratos por dos mil 740 millones de pesos.
PUEBLA, Pue.- El Gobierno de Puebla se sumó al llamado federal para esclarecer presuntas irregularidades en la contratación de materiales y servicios electorales, al respaldar las investigaciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y presentar una cronología de operaciones empresariales que, de acuerdo con información pública, se remontan a 1999.
En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, informó que existen antecedentes de casi tres décadas sobre un grupo de compañías que habrían participado en contratos con organismos electorales de distintas entidades del país. Durante una conferencia de prensa, sostuvo que las indagatorias deben desarrollarse sin excepciones y con pleno acceso a la información.
El funcionario presentó una reconstrucción de 27 años sobre la evolución de estas empresas y sus relaciones comerciales. Según los datos expuestos, se identificaron al menos seis compañías presuntamente vinculadas con una misma red de contrataciones, cuyo monto acumulado alcanzaría aproximadamente dos mil 740.3 millones de pesos.
Entre los antecedentes mencionados figuran operaciones realizadas en el Estado de México desde 1999 y un contrato de 63.7 millones de pesos firmado en 2005, que derivó en cuestionamientos y renuncias de consejeros electorales. También se documentaron adjudicaciones posteriores en diferentes entidades federativas.
García Parra explicó que parte de la información fue revisada a partir de fuentes públicas y de los datos presentados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez. En ese contexto, se refirió a posibles vínculos entre empresas relacionadas, algunas señaladas por presuntamente funcionar como compañías fachada o factureras, aspectos que deberán ser acreditados por las autoridades competentes.
ANTECEDENTES DEL INE, BAJO LA LUPA
Otro de los puntos abordados fue la trayectoria de Guadalupe Taddei dentro de las autoridades electorales. García Parra recordó que fue designada consejera electoral en Sonora en 2014 por el Consejo General del entonces Instituto Nacional Electoral, presidido por Lorenzo Córdova, y que en 2023 asumió la presidencia del organismo nacional mediante el procedimiento de insaculación establecido en la legislación.
Con esta cronología, el coordinador estatal cuestionó las versiones que relacionan el origen de las estructuras investigadas con la actual administración federal y señaló que los antecedentes deben analizarse considerando los distintos periodos de integración y funcionamiento de las instituciones electorales.
Puebla respalda investigación federal sobre contrataciones electorales
Por su parte, durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la revisión comenzó mediante el análisis de información de fuentes abiertas y que la Unidad de Inteligencia Financiera inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, derivadas de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación.
La mandataria ha planteado que las posibles irregularidades deben investigarse a través de las instancias correspondientes, con el propósito de esclarecer el manejo de los recursos y determinar si existieron operaciones ilícitas.
PUEBLA TAMBIÉN REVISARÁ SUS CONTRATOS
En el ámbito estatal, García Parra dio a conocer que en Puebla se identificaron contrataciones por 49.4 millones de pesos durante el periodo de 2014 a 2023, mientras que entre 2024 y 2025 el monto ascendió a 129.7 millones de pesos.
Precisó que estas cifras deberán ser examinadas por las autoridades fiscalizadoras para establecer si los procedimientos de contratación se realizaron conforme a la normatividad y si existieron posibles irregularidades.
Como parte de la postura del gobierno de Alejandro Armenta, anunció que se promoverá la publicación integral de los contratos del Instituto Electoral del Estado (IEE), con la finalidad de que la ciudadanía pueda conocer las operaciones, los proveedores involucrados y los montos comprometidos.
El funcionario también manifestó que la administración poblana respetará la autonomía de las autoridades electorales y respaldará las investigaciones federales, sin intervenir en las atribuciones de los organismos responsables de determinar posibles responsabilidades.
Finalmente, señaló que el combate a la corrupción y la rendición de cuentas forman parte de las acciones del gobierno estatal. Como ejemplo, mencionó la separación de 315 personas del servicio público por irregularidades detectadas.
De cara a la elección del 6 de junio de 2027, la administración poblana afirmó que la transparencia en el uso de los recursos públicos y la revisión de los contratos electorales son asuntos relevantes para garantizar certeza institucional. Las autoridades deberán determinar, con base en pruebas y procedimientos legales, si las empresas señaladas incurrieron en alguna conducta ilícita y quiénes serían responsables.
