SCJN abre la puerta al análisis de la eutanasia y el suicidio asistido en México
El máximo tribunal del país revisará un amparo que cuestiona la constitucionalidad de las prohibiciones vigentes sobre la muerte asistida.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó este miércoles atraer un caso que podría marcar un precedente en la discusión sobre la eutanasia y el suicidio asistido en México. Con esta decisión, el máximo tribunal del país asumirá directamente el análisis de un amparo que cuestiona las disposiciones legales que actualmente prohíben ambas prácticas.
La determinación fue impulsada por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, junto con el ministro Irving Espinosa, quienes consideraron que el asunto posee relevancia constitucional y social suficiente para ser resuelto por el Pleno.
El caso que detonó la discusión
El expediente tiene origen en el amparo indirecto 147/2026, promovido por una especialista en tanatología que ha enfrentado en dos ocasiones un diagnóstico de cáncer de mama y que actualmente continúa bajo tratamiento médico.
La demandante impugna diversas normas de carácter sanitario y penal que sancionan la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, al considerar que vulneran derechos relacionados con la autonomía personal y la libertad de decisión sobre el final de la vida.
Un debate sobre autonomía y dignidad
Durante la sesión, las ministras y ministros señalaron que el caso representa una oportunidad para establecer criterios inéditos respecto a los derechos de las personas con enfermedades terminales y los alcances de los cuidados paliativos.
Asimismo, la Corte analizará si resulta compatible con la Constitución que el marco jurídico mexicano limite las opciones de quienes buscan decidir de manera voluntaria cómo y cuándo concluir su vida ante padecimientos graves e irreversibles, dejando como única alternativa el fallecimiento por causas naturales.
Experiencias internacionales como referencia
En el debate preliminar también se mencionaron antecedentes internacionales. El ministro Arístides Guerrero recordó que países como Países Bajos, Bélgica, Canadá y Suiza cuentan con mecanismos legales relacionados con la eutanasia o el suicidio asistido.
De igual forma, destacó el caso de Colombia, nación que despenalizó la eutanasia en 1997 y amplió posteriormente el reconocimiento del suicidio médicamente asistido en 2022. También señaló que tribunales de Alemania e Italia han emitido resoluciones que permiten esta práctica bajo determinadas condiciones.
Años de activismo por una muerte digna
La discusión llega después de décadas de esfuerzos por parte de organizaciones civiles y activistas que han impulsado el reconocimiento del derecho a una muerte digna en México.
Entre las voces más visibles se encuentran Samara Martínez y la organización Derecho a Morir con Dignidad (DMD), que han promovido reformas legales orientadas a garantizar la libre determinación de pacientes con enfermedades terminales.
Posible revisión de las prohibiciones actuales
La resolución de la SCJN podría abrir la posibilidad de revisar las restricciones establecidas en el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, que sanciona conductas relacionadas con el denominado “homicidio por piedad” y el “suicidio asistido”.
Aunque la decisión de atraer el caso no implica un cambio inmediato en la legislación, sí representa el primer paso para que el máximo tribunal emita un pronunciamiento de fondo sobre un tema que durante años ha generado debate ético, jurídico y social.
La discusión también ocurre en un contexto de creciente aceptación ciudadana. De acuerdo con la Segunda Encuesta de la Investigación en Salud y Demografía (INSAD), siete de cada diez mexicanos respaldan la posibilidad de adelantar la muerte cuando una persona enfrenta sufrimientos intensos que le impiden mantener una vida considerada digna.
El siguiente paso en la Corte
La reasunción de competencia fue aprobada con un voto en contra, correspondiente a la ministra María Estela Ríos. Ahora, el expediente será asignado a una de las personas integrantes del Pleno, quien elaborará el proyecto de resolución que posteriormente será discutido y votado por la Corte.
La decisión final podría convertirse en uno de los pronunciamientos más relevantes de los últimos años en materia de derechos humanos, autonomía personal y atención al final de la vida en México.
