Francia aprueba ley de eutanasia y suicidio asistido tras años de debate parlamentario
La Asamblea Nacional de Francia aprobó este 15 de julio de manera definitiva la ley que autoriza la eutanasia y el suicidio asistido, una decisión que coloca al país entre las naciones europeas que permiten legalmente estas prácticas, junto con Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y España.
La iniciativa fue aprobada con 291 votos a favor y 241 en contra, poniendo fin a un prolongado proceso legislativo que comenzó hace tres años, cuando el presidente francés Emmanuel Macron abrió el debate nacional sobre el derecho a morir con asistencia médica, una de sus promesas de campaña.
La aprobación representa un cambio histórico en la legislación francesa sobre el final de la vida, aunque la norma todavía deberá superar una revisión constitucional antes de entrar en vigor.
Un enfrentamiento entre la Asamblea y el Senado retrasó la aprobación
La iniciativa atravesó un camino complejo debido al desacuerdo entre las dos cámaras del Parlamento francés. Durante 14 meses, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto en tres ocasiones, mientras que el Senado lo rechazó en el mismo número de oportunidades.
La última aprobación previa en la Cámara baja ocurrió el 30 de junio, cuando los diputados respaldaron el texto por 295 votos contra 232. Sin embargo, el Senado volvió a bloquearlo el 7 de julio mediante una moción que buscaba rechazar completamente la propuesta y pedir al gobierno el cierre del proceso legislativo.
Ante el bloqueo parlamentario, el primer ministro Sébastien Lecornu recurrió al artículo 45 de la Constitución francesa, que permite otorgar la decisión final a la Asamblea Nacional cuando ambas cámaras no logran alcanzar un acuerdo.
De esta manera, el proyecto regresó a la Cámara baja para una cuarta y definitiva votación, sin pasar nuevamente por el Senado.
La ley aún debe ser revisada por el Consejo Constitucional
Pese a la aprobación parlamentaria, la legislación no podrá ser promulgada de inmediato. Lecornu anunció que parte del contenido será enviado al Consejo Constitucional para evaluar su compatibilidad con la Carta Magna.
La revisión también fue solicitada por el presidente del Senado, Gérard Larcher, quien expresó dudas sobre algunos aspectos del proyecto, especialmente la aplicación de la cláusula de conciencia para instituciones sanitarias y centros dedicados a los cuidados al final de la vida.
El Consejo Constitucional tendrá un plazo de un mes para emitir su decisión, aunque podría reducirse a ocho días si el gobierno solicita un procedimiento acelerado.
¿Qué establece la nueva legislación?
La norma contempla dos modalidades: la eutanasia, en la que un profesional sanitario administra la sustancia letal, y el suicidio asistido, donde el propio paciente realiza la acción final con apoyo médico.
Para acceder al procedimiento, los solicitantes deberán cumplir cinco requisitos:
- Ser mayores de edad.
- Tener residencia estable en Francia.
- Padecer una enfermedad grave e incurable.
- Encontrarse en una fase avanzada o terminal de la enfermedad.
- Experimentar un sufrimiento que no pueda ser aliviado mediante los tratamientos disponibles y conservar la capacidad de expresar una decisión libre e informada.
La ley establece que la autoadministración será la opción principal. La intervención directa de un médico o enfermero sólo será posible cuando el paciente no pueda realizar el procedimiento por limitaciones físicas.
Francia también reforzará los cuidados paliativos
Como medida complementaria, el Parlamento aprobó un plan para ampliar los cuidados paliativos, una iniciativa que recibió un respaldo mucho más amplio en el Senado, donde obtuvo 307 votos a favor y 17 en contra.
El debate sobre la asistencia al final de la vida estuvo marcado también por las carencias del sistema actual. Según datos citados durante la discusión, más del 20% de los departamentos franceses todavía no cuentan con unidades especializadas en cuidados paliativos.
Un debate iniciado en 2022
El camino hacia la legalización comenzó en septiembre de 2022, cuando el Comité Consultivo Nacional de Ética de Francia modificó su postura histórica y consideró posible una regulación ética de la asistencia para morir.
Posteriormente, una convención ciudadana convocada por Emmanuel Macron analizó el tema y respaldó la creación de un marco legal.
El presidente francés presentó las bases del proyecto en marzo de 2024, pero la iniciativa quedó suspendida tras la disolución de la Asamblea Nacional en junio de ese año. En 2025, el diputado Olivier Falorni retomó la propuesta y logró llevarla nuevamente al Parlamento.
Críticas por considerar la ley demasiado amplia
Diversos sectores han cuestionado el alcance de la legislación aprobada. Sus detractores consideran que el marco legal podría ser uno de los más permisivos del mundo.
El abogado Grégor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, señaló que la decisión dependerá en gran medida del criterio de un solo médico, quien incluso podría no haber tratado previamente al paciente.
Según sus críticas, los especialistas consultados por el médico responsable no necesariamente tendrían que examinar personalmente al solicitante y podrían participar mediante videoconferencia.
También cuestionó que la ley no establezca un periodo mínimo amplio entre la aprobación de la solicitud y la realización del procedimiento, además de señalar que los familiares no tendrían garantizado el derecho a ser informados antes de la intervención.
Preocupación por posibles efectos sobre personas vulnerables
Los críticos también han advertido sobre la posibilidad de que la norma genere presiones sobre personas mayores, enfermas o con discapacidad.
Los especialistas Laurent Frémont y Emmanuel Hirsch, del colectivo Democracia, Ética y Solidaridad, señalaron que conceptos como “enfermedad grave e incurable” y “sufrimiento insoportable” podrían interpretarse de manera amplia, permitiendo eventualmente el acceso a personas con enfermedades crónicas, trastornos psiquiátricos o problemas asociados con la edad avanzada.
Además, un estudio de la Fondation pour l’innovation politique estimó que la aplicación de la medida podría representar un ahorro para el Estado francés de unos 1.400 millones de euros anuales en gastos relacionados con salud, atención a mayores y pensiones. Sus críticos consideran que esa posibilidad podría generar presiones económicas sobre los pacientes más vulnerables.
La Iglesia francesa expresa rechazo a la medida
La Conferencia Episcopal de Francia manifestó su oposición al proyecto y advirtió que podría representar una amenaza para las personas más frágiles de la sociedad.
El arzobispo de París, Laurent Ulrich, pidió en varias ocasiones reconsiderar la iniciativa y defendió una visión basada en el acompañamiento y los cuidados. “Más que asistencia para morir, nuestra sociedad necesita asistencia para vivir”, afirmó.
Por su parte, el arzobispo de Tours, Vincent Jordy, alertó que la aprobación de la ley representa “un cambio antropológico” que podría modificar la forma en que Francia entiende la vida, la enfermedad y la muerte.
El religioso sostuvo que aprobar una ley de este tipo puede abrir la puerta a situaciones que no necesariamente fueron previstas durante su elaboración.
Con la aprobación parlamentaria, Francia inicia ahora una nueva etapa en el debate sobre el derecho a morir con asistencia médica, mientras espera la decisión definitiva del Consejo Constitucional.
