Gobierno busca rediseñar elección judicial rumbo a 2028
El gobierno federal aceleró este miércoles la ruta legislativa para modificar de fondo el modelo de elección del Poder Judicial, al presentar una iniciativa de reforma constitucional que no solo aplaza los comicios previstos para 2027, sino que redefine el mecanismo de selección de jueces, magistrados y ministros para reducir la complejidad operativa y política del proceso.
La propuesta fue entregada en el Senado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, con el objetivo de trasladar la elección judicial federal y local al 4 de junio de 2028 y hacerla coincidir con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial.
El proyecto será discutido en un periodo extraordinario convocado para el próximo 27 de mayo, con la intención de que el Congreso de la Unión apruebe la reforma antes del 3 de junio y posteriormente sea avalada por al menos 17 congresos estatales para su publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación.
Aunque el aplazamiento de la elección es el aspecto más visible de la iniciativa, la reforma plantea en realidad una reestructuración integral del sistema diseñado para elegir a integrantes del Poder Judicial mediante voto popular.
La Presidencia argumentó que la elección intermedia prevista para 2027 se volvió “inmanejable” debido al volumen de cargos en disputa y al elevado número de aspirantes que podrían aparecer en las boletas.
Con el nuevo esquema, en 2028 únicamente se renovarían cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito, 385 juzgados de distrito, 424 magistraturas locales y 2 mil 831 jueces locales en 25 entidades federativas.
Uno de los cambios centrales consiste en reducir drásticamente el número de candidaturas por cargo. El modelo original contemplaba hasta tres propuestas provenientes de cada uno de los poderes de la Unión, lo que multiplicaba el tamaño y complejidad de las boletas.
Ahora se plantea que los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial revisen perfiles con base en experiencia profesional, conocimientos, antecedentes y buena fama pública. Posteriormente elegirían cuatro perfiles y, mediante insaculación pública, quedarían definidos dos candidatos finales por cargo y especialidad.
La iniciativa también establece una nueva lógica territorial para la votación. El Instituto Nacional Electoral dividiría el país en distritos judiciales especializados para que cada ciudadano vote únicamente por determinados jueces y magistrados vinculados a materias específicas, reduciendo así el número de opciones por boleta.
Gobierno busca rediseñar elección judicial rumbo a 2028
Además, se crearía una comisión coordinadora integrada por representantes de los tres poderes para homologar criterios de evaluación y evitar diferencias entre los filtros aplicados a los aspirantes. Dicha instancia revisaría requisitos como licenciatura en Derecho, promedio académico, experiencia profesional y exámenes de conocimientos.
El gobierno federal también busca obligar a los estados a replicar las reglas federales, luego de detectar inconsistencias en procesos locales donde, según argumentó, no se garantizaba plenamente la insaculación pública de candidaturas.
Entre los ajustes adicionales se contempla compartir casillas entre elecciones judiciales y ordinarias, impedir la intervención de representantes partidistas en los comicios judiciales y realizar el escrutinio directamente en casilla para agilizar resultados.
La propuesta adelanta además de septiembre a abril la emisión de convocatorias del Senado para ampliar los tiempos de revisión de perfiles y establece capacitación obligatoria y permanente para jueces y magistrados a través del Tribunal de Disciplina Judicial y la Escuela Judicial.
Otro de los cambios relevantes es la creación de dos nuevas secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de acelerar la resolución de asuntos considerados menores y reducir el rezago judicial.
De concretarse, la reforma convertiría a 2028 en uno de los años con mayor intensidad política de las últimas décadas, al coincidir la elección judicial con una eventual consulta nacional sobre la continuidad presidencial.
