Sheinbaum fija postura jurídica ante acusaciones de EU: exige pruebas y marca límites a injerencias externas
En un contexto de creciente tensión por los señalamientos emitidos desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo delineó con claridad la ruta institucional que seguirá su gobierno: no habrá decisiones basadas en आरोपaciones sin sustento probatorio, ni margen para presiones externas que vulneren la soberanía nacional.
Durante su conferencia matutina, la mandataria colocó el énfasis no en el contenido político de las acusaciones, sino en su viabilidad jurídica dentro del sistema penal mexicano. Recordó que el modelo acusatorio vigente exige evidencia sólida y verificable para iniciar cualquier proceso legal, lo que, dijo, no se cumple con testimonios aislados o narrativas sin respaldo documental.
“Cualquier acusación debe estar sustentada en pruebas contundentes. No se puede actuar con dichos”, sostuvo, al tiempo que insistió en que corresponde a las autoridades mexicanas evaluar la validez de los elementos enviados por instancias extranjeras.
Ruta institucional: SRE y FGR, piezas clave
La presidenta explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya recibió documentación relacionada con solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis.
Este procedimiento, subrayó, se rige tanto por la legislación nacional como por los tratados internacionales suscritos por México, lo que implica una revisión técnica, jurídica y confidencial antes de cualquier determinación.
En este punto, Sheinbaum cuestionó la solidez de uno de los documentos difundidos públicamente, presuntamente presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, al considerar que su contenido descansa en relatos sin evidencia contundente.
Dudas sobre la solidez de las pruebas
La mandataria fue particularmente crítica al referirse a lo que calificó como un elemento débil dentro del expediente: una mención a supuestos sobornos sin respaldo documental robusto.
A su juicio, este tipo de referencias no cumple con los estándares probatorios exigidos por la legislación mexicana, lo que abre cuestionamientos no solo sobre la validez jurídica del caso, sino también sobre las motivaciones detrás de su difusión.
“Cuando no hay pruebas sólidas, es válido preguntarse cuál es el trasfondo”, planteó, sin adelantar conclusiones, pero dejando abierta la posibilidad de factores políticos en el origen de las acusaciones.
Sin encubrimientos, pero con apego a derecho Sheinbaum reiteró que su administración no protegerá a ningún funcionario o actor político en caso de existir pruebas fehacientes de culpabilidad. Sin embargo, advirtió que tampoco se prestará a validar acusaciones sin sustento.
Esta postura, dijo, responde a una línea de actuación ya demostrada por su gobierno: combate a la impunidad con base en pruebas, no en presiones mediáticas o políticas.
El antecedente Cienfuegos
Como referencia, la presidenta evocó el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en Estados Unidos en 2020 y posteriormente liberado en México tras una revisión de pruebas por parte de la FGR.
Según Sheinbaum, ese episodio evidenció la importancia de no precipitar decisiones sin contar con evidencia verificable, así como la necesidad de que las autoridades nacionales conduzcan sus propios procesos.
Soberanía como línea roja
Más allá del ámbito jurídico, la presidenta elevó el tono al abordar el tema de la soberanía nacional. Subrayó que ningún gobierno extranjero puede intervenir en decisiones internas ni determinar el rumbo político o judicial del país.
“México decide su propio destino”, afirmó, al recordar que el artículo 39 constitucional establece que la soberanía reside en el pueblo.
En ese sentido, insistió en que cualquier colaboración internacional debe darse en el marco del respeto mutuo y los acuerdos vigentes, sin subordinación a intereses externos.
Proceso en curso y sin nuevas acusaciones
Finalmente, Sheinbaum precisó que el proceso sigue en etapa de análisis por parte de la FGR, que deberá determinar si existen elementos suficientes para proceder conforme a derecho.
Hasta ahora, indicó, no se han recibido nuevas acusaciones formales por parte del gobierno estadounidense más allá de la información ya conocida a través de canales diplomáticos.
Con esta postura, el gobierno federal busca enviar un mensaje doble: apertura a la cooperación internacional en materia de justicia, pero con un firme anclaje en el Estado de derecho mexicano y en la defensa de su soberanía.
