Sheinbaum exige esclarecer operación de agentes de la CIA en Chihuahua y advierte límites a la cooperación internacional
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que la participación de agentes de la CIA en operativos en Chihuahua, sin conocimiento del gobierno federal, representa un hecho excepcional que no debe repetirse, al tiempo que abrió un frente de revisión sobre los mecanismos de coordinación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el caso no debe leerse como un conflicto político, sino como un posible incumplimiento del marco legal mexicano, particularmente de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, lo que podría tener implicaciones directas en la soberanía nacional.
“Que este sea un caso de excepción y que no sea la regla”, enfatizó.
Vacíos en la coordinación federal
Sheinbaum confirmó que ninguna instancia del gobierno federal tenía conocimiento previo sobre la presencia de los agentes estadounidenses, lo que sugiere que no se siguieron los procedimientos obligatorios para la actuación de personal extranjero en territorio nacional.
De acuerdo con la legislación vigente, los agentes internacionales deben cumplir requisitos específicos: acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, reportar periódicamente sus actividades y operar bajo esquemas formales de coordinación con autoridades federales.
En este caso, el Gabinete de Seguridad informó que uno de los agentes ingresó como visitante y otro con pasaporte diplomático. Sin embargo, el punto central —indicó la presidenta— es determinar si estaban debidamente acreditados y cuáles eran las funciones que desempeñaban en campo.
Responsabilidad estatal bajo la lupa
La jefa del Ejecutivo apuntó que la responsabilidad de aclarar los hechos recae principalmente en autoridades locales, al reducir los posibles escenarios a dos actores: la fiscalía estatal o el gobierno de Chihuahua.
En ese sentido, la administración encabezada por Maru Campos anunció la conformación de un grupo especial para investigar lo ocurrido.
“Realmente no se requeriría tantas unidades de investigación: o fue la Fiscalía o fue el gobierno estatal”, sostuvo Sheinbaum, al insistir en la necesidad de identificar quién autorizó la participación de los agentes y bajo qué marco legal.
Nota diplomática y contención del conflicto
En paralelo, el gobierno mexicano envió una nota diplomática a Estados Unidos para expresar su inconformidad por la falta de información sobre el caso. En el documento, se reafirma que la cooperación bilateral en materia de seguridad es positiva y ha generado resultados, pero debe regirse por el respeto a la soberanía y a las leyes mexicanas.
La presidenta aseguró que autoridades estadounidenses coincidieron en mantener ese principio, por lo que se busca evitar que el incidente escale a un conflicto diplomático.
“No queremos un conflicto con Estados Unidos, pero sí que se cumpla la ley”, puntualizó.
Riesgos para la cooperación bilateral
Sheinbaum defendió que la coordinación entre ambos países ha permitido avances relevantes, como el aseguramiento de armas en territorio estadounidense antes de su ingreso a México. No obstante, advirtió que acciones fuera del marco legal podrían debilitar la confianza y poner en riesgo los mecanismos de colaboración existentes.
“¿Para qué vulnerar una coordinación que está dando resultados?”, cuestionó.
Debate sobre soberanía y legalidad
El caso salió a la luz tras un accidente en la Sierra Tarahumara, donde se identificó la presencia de dos ciudadanos estadounidenses que participaban en operativos junto a autoridades estatales. A partir de ello, se abrió un debate sobre los límites de la cooperación internacional en seguridad, especialmente cuando ésta se realiza sin conocimiento del gobierno federal.
Finalmente, la mandataria rechazó que el tema deba politizarse y sostuvo que la defensa de la soberanía y el respeto al marco legal deben ser una posición compartida por todas las fuerzas políticas.
