Reforma para limitar pensiones en empresas del Estado avanza con respaldo unánime en Diputados
En un movimiento que abre un nuevo frente en la política de austeridad del gobierno federal, la Cámara de Diputados dio un paso decisivo para acotar las pensiones de altos funcionarios en organismos públicos, al aprobar en comisión —por unanimidad— una reforma constitucional que fija límites estrictos a estos beneficios.
La Comisión de Puntos Constitucionales avaló con 458 votos a favor el dictamen que modifica el artículo 127 de la Constitución, con el objetivo de impedir que exdirectivos y personal de confianza de entidades como Pemex, CFE, Banobras, Bancomext y Nacional Financiera reciban pensiones superiores a la mitad del salario de la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum.
Un nuevo tope a las pensiones
De aprobarse en su totalidad el proceso legislativo, ningún exalto mando podrá percibir más de aproximadamente 70 mil pesos mensuales por concepto de jubilación. La medida también aplicará a fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y organismos descentralizados en los tres niveles de gobierno.
El dictamen establece de forma explícita que:
Las pensiones del personal de confianza no deberán exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Además, contempla la revisión de esquemas vigentes, contratos y disposiciones laborales para ajustarlos al nuevo límite, lo que incluye la posibilidad de aplicar cambios a pensiones ya otorgadas.
Impacto presupuestal y destino de recursos
De acuerdo con estimaciones legislativas, la reforma podría generar ahorros superiores a 5 mil millones de pesos anuales. Estos recursos, según lo planteado por legisladores de la mayoría, serían redirigidos a rubros prioritarios como infraestructura, salud, educación y programas sociales.
Durante la discusión, el presidente de la comisión, Leonel Godoy Rangel, destacó que la medida busca corregir desequilibrios históricos en el uso de recursos públicos, particularmente en beneficios considerados excesivos dentro del aparato estatal.
Posturas encontradas
Aunque la votación fue unánime en comisión, el consenso no es absoluto. Legisladores de distintas fuerzas políticas anticiparon reservas para la discusión en el Pleno.
El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas subrayó que la reforma no afectará al personal sindicalizado o de base, sino exclusivamente a mandos de confianza.
Sin embargo, desde otras bancadas surgieron cuestionamientos sobre la posible violación al principio de no retroactividad de la ley, particularmente en lo referente a la modificación de pensiones ya otorgadas. Incluso, aliados como el PT han planteado revisar este punto para evitar conflictos legales.
Reacción social y próximos pasos
En paralelo a la discusión legislativa, trabajadores jubilados de empresas como Pemex y CFE se manifestaron en las inmediaciones de San Lázaro, argumentando que sus pensiones son derechos adquiridos tras años de servicio, no privilegios discrecionales.
El dictamen aún deberá ser discutido y votado por el Pleno de la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobado, pasará a los congresos estatales para su ratificación, como parte del proceso requerido para reformas constitucionales.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca profundizar su política de contención del gasto en la alta burocracia, en un debate que confronta la austeridad institucional con la defensa de derechos laborales previamente establecidos.
