Brugada propone frenar abusos en rentas y desalojos violentos
La iniciativa limita aumentos conforme a la inflación, crea defensa jurídica gratuita y busca proteger a inquilinos sin afectar propietarios
CDMX busca contener el encarecimiento de vivienda y proteger a familias inquilinas
La creciente presión sobre los bolsillos de las familias que rentan una vivienda llevó al Gobierno de la Ciudad de México a impulsar una nueva regulación para contener los incrementos excesivos, combatir la especulación inmobiliaria y evitar desalojos violentos, sin establecer un congelamiento de precios ni vulnerar la propiedad privada.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó los principales alcances de la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, enviada al Congreso capitalino, con la que busca establecer reglas claras para arrendadores e inquilinos, reducir las prácticas abusivas y garantizar que las personas puedan permanecer en sus comunidades.
La propuesta contempla siete ejes estratégicos que incluyen límites al aumento anual de las rentas, contratos estables, una defensoría especializada, mecanismos de mediación, ampliación de la vivienda asequible y acompañamiento institucional durante los desalojos.
“Las ciudades son de quienes las habitan, no sólo de quienes pueden pagarlas”, sostuvo Brugada al defender el derecho de las familias a permanecer en los barrios donde han construido sus redes comunitarias, frente al encarecimiento de los inmuebles y los procesos de gentrificación.
Rentas bajo presión y familias con menos ingresos disponibles
La mandataria capitalina expuso la dimensión del problema habitacional en la ciudad: casi 30 por ciento de las familias vive en una vivienda rentada y, durante los últimos 15 años, el número de personas que alquilan ha aumentado 54 por ciento.
A ello se suma que, en las alcaldías centrales, los precios de las rentas se han multiplicado por cinco en las últimas dos décadas, mientras algunas familias destinan hasta 40 por ciento de sus ingresos mensuales al pago de vivienda.
De acuerdo con el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, alrededor de dos millones de personas habitan inmuebles rentados en la capital y existen más de 813 mil viviendas destinadas al alquiler, según los datos citados de la Encuesta Intercensal 2025.
El funcionario señaló que las estimaciones recientes del mercado ubican las rentas promedio entre 16 mil 600 y 24 mil pesos, dependiendo de la zona y las características de los inmuebles.
Ante este escenario, la iniciativa plantea que los incrementos anuales no superen la inflación, con instrumentos jurídicos y sanciones para quienes incumplan la disposición. La intención, explicó el Gobierno capitalino, es evitar que el costo de la vivienda aumente de manera desproporcionada y profundice la desigualdad territorial.
Brugada rechazó que la medida implique fijar un precio único o congelar las rentas. Aseguró que la propuesta busca equilibrar las relaciones contractuales, proteger el patrimonio de los propietarios y ofrecer mayores garantías a quienes necesitan alquilar.
Menos requisitos y defensa jurídica gratuita
Otro de los componentes centrales será la creación de una Carta de Derechos y Obligaciones para establecer responsabilidades claras entre las partes y reducir las exigencias desproporcionadas para acceder a una vivienda.
La iniciativa propone limitar las garantías solicitadas para rentar a una sola, con el propósito de eliminar prácticas como la exigencia de múltiples avales y pólizas jurídicas excesivas. También contempla prohibir la discriminación y establecer obligaciones específicas para inquilinos y arrendadores.
Además, se prevé crear la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, que proporcionará orientación, asesoría y patrocinio jurídico gratuito a las personas involucradas en conflictos por el arrendamiento.
La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que esta instancia también promoverá la mediación y la conciliación para resolver controversias sin que necesariamente escalen a los tribunales.
El objetivo será ofrecer atención especializada, confidencial y transparente, además de fortalecer la certeza jurídica de ambas partes.
La propuesta contempla contratos con una duración mínima de un año y un registro digital protegido para dar seguimiento a los acuerdos entre propietarios e inquilinos. Asimismo, prevé sanciones ante aumentos ilegales de las rentas o daños a los inmuebles.
Acompañamiento social para evitar desalojos violentos
La protección de las familias durante los procedimientos de desocupación constituye otro de los ejes de la iniciativa.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que se propone establecer un Gabinete de Acompañamiento Social ante los Desalojos, encargado de brindar asistencia institucional a las personas afectadas por resoluciones judiciales y buscar alternativas habitacionales o apoyos disponibles.
El mecanismo no pretende impedir el cumplimiento de las decisiones de los jueces, sino garantizar que las diligencias se realicen de manera pacífica y con respeto a los derechos humanos.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la capacitación obligatoria en derechos humanos para el personal que participa en mudanzas y resguardo de pertenencias. La intención es evitar agresiones, impedir que los muebles sean abandonados en la vía pública y reducir el riesgo de que las familias terminen sin un lugar donde pasar la noche.
También se contempla regular la participación de los cargadores que intervienen en los desalojos, mediante personal capacitado contratado por el Poder Judicial, para prevenir la intervención de grupos de choque o personas que recurran a la intimidación.
En los casos que lo ameriten, se buscará facilitar el almacenamiento de pertenencias de grupos vulnerables y canalizar a las familias hacia programas sociales y opciones de alojamiento.
Brugada subrayó que ninguna diligencia debe convertirse en una agresión contra las personas, aunque exista una resolución judicial que ordene la desocupación del inmueble.
Más vivienda asequible y vigilancia del mercado
La iniciativa también plantea ampliar la oferta de vivienda social y asequible, con la participación del sector privado mediante incentivos para propietarios que celebren contratos de arrendamiento multianuales.
Como parte de la estrategia habitacional de la administración capitalina, el Gobierno de la ciudad se fijó la meta de realizar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030. De ese total, 80 mil corresponderían a viviendas nuevas y 120 mil a procesos de mejoramiento integral en barrios populares.
A la par, se propone crear un Observatorio Público de Vivienda que permita monitorear las condiciones del mercado, generar información y contribuir a la planeación de políticas públicas.
El secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, indicó que la iniciativa forma parte de la implementación del Bando Uno, impulsado en 2025, y busca reconocer la gentrificación como un proceso de exclusión social que profundiza las desigualdades territoriales y limita el derecho a la ciudad.
Por su parte, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, sostuvo que el encarecimiento de las rentas es un fenómeno internacional que requiere alternativas para facilitar el acceso a la vivienda y mantener el equilibrio entre los derechos de quienes alquilan y quienes ofrecen inmuebles.
Brugada llama a construir consensos en el Congreso
La jefa de Gobierno convocó al Congreso de la Ciudad de México, propietarios, arrendatarios, especialistas y demás sectores involucrados a participar en un debate abierto sobre la iniciativa.
Afirmó que el propósito es escuchar distintas posiciones y alcanzar acuerdos que permitan establecer reglas claras para el mercado de alquiler, sin enfrentar a inquilinos con propietarios ni afectar el derecho a la propiedad privada.
La propuesta deberá discutirse en el Poder Legislativo, donde se determinarán sus alcances definitivos. Mientras tanto, el Gobierno capitalino sostiene que la regulación busca contener los abusos, ofrecer certeza jurídica y evitar que el aumento de los precios expulse a las familias de las zonas donde viven.
Con esta iniciativa, la administración de Brugada coloca el acceso a una vivienda asequible, la permanencia en los barrios y la prevención de desalojos violentos entre los asuntos centrales de su política urbana.
