Sheinbaum reivindica modelo de seguridad: “No hay militarización, hay sustento constitucional
La presidenta defendió el actual modelo de seguridad pública y rechazó que en México exista un proceso de militarización, al asegurar que la participación de las Fuerzas Armadas está plenamente respaldada por la Constitución y por decisiones aprobadas en el Congreso de la Unión.
En respuesta a cuestionamientos sobre una eventual reducción de la presencia del Ejército en tareas civiles, la mandataria sostuvo que el esquema vigente no sólo es legal, sino que difiere sustancialmente del implementado durante el sexenio de , cuando se desplegó a las Fuerzas Armadas en la denominada “guerra contra el narcotráfico”.
“Es legal, eso es lo primero. No estamos haciendo nada fuera de la ley”, subrayó.
Marco constitucional como eje del debate
El énfasis del gobierno federal se centra en el respaldo jurídico que sustenta la participación militar en seguridad pública. Sheinbaum explicó que las reformas que permitieron esta intervención fueron aprobadas a nivel constitucional, lo que marca —según su postura— una diferencia de fondo respecto a estrategias anteriores.
La presidenta insistió en que no existe sustitución del poder civil por el militar. Recordó que el mando de las instituciones de seguridad recae en autoridades civiles y que, como titular del Ejecutivo federal y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, las decisiones estratégicas emanan de la Presidencia de la República.
En ese sentido, sostuvo que hablar de militarización desconoce el diseño institucional vigente y las atribuciones que la Constitución otorga al Ejecutivo y al Congreso en materia de seguridad.
Guardia Nacional: consolidación institucional
Uno de los puntos centrales de la defensa presidencial fue la adscripción de la a la , decisión que calificó como constitucional y que, por tanto, sólo podría revertirse mediante una reforma a la Carta Magna.
Sheinbaum explicó que el objetivo es consolidar una corporación con formación especializada en seguridad pública, diferenciada del entrenamiento tradicional del Ejército, cuyo enfoque principal es la seguridad nacional.
Argumentó que la incorporación a la estructura de la Defensa Nacional brinda estabilidad laboral, acceso a infraestructura médica, carrera profesional y mecanismos de ascenso mediante evaluaciones formales, lo que —afirmó— fortalece la permanencia y profesionalización del cuerpo en el largo plazo.
Identidad histórica del Ejército
La mandataria también abordó el componente histórico del , al señalar que su origen está vinculado al proceso revolucionario del siglo XX y no a élites tradicionales, como ocurre en otros países. Desde esa perspectiva, defendió que su naturaleza institucional es distinta y responde a una trayectoria ligada a transformaciones sociales.
Un debate político y jurídico abierto
La presidenta reiteró que la narrativa de militarización no corresponde con la realidad jurídica del país, al insistir en que las decisiones actuales derivan de reformas constitucionales avaladas por el Congreso.
El posicionamiento presidencial coloca el debate en el terreno legal e institucional, donde el gobierno sostiene que el modelo de seguridad no implica una expansión irregular del poder militar, sino una estrategia respaldada por el marco normativo vigente y sujeta al control civil.
Con ello, la administración federal busca encuadrar la discusión en términos de constitucionalidad y gobernabilidad, frente a una oposición que mantiene cuestionamientos sobre el alcance y la permanencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional.
