Claudia Sheinbaum asume costo político y envía reforma electoral aun sin certeza de votos
La presidenta Claudia Sheinbaum optó por colocar el debate electoral en el centro de la agenda nacional, aun sin tener garantizada su aprobación en el Congreso. La mandataria dejó claro que el destino legislativo de su iniciativa no definirá el éxito o fracaso de su administración, sino que representa —dijo— una definición de principios y coherencia política.
A días de enviar formalmente la propuesta —decisión que tomará el lunes para determinar si inicia en la Cámara de Diputados o en el Senado— Sheinbaum defendió que su obligación es cumplir con lo que considera un mandato ciudadano expresado en encuestas, consultas y en su plataforma de gobierno.
“No es derrota ni fracaso”, sostuvo al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la reforma no alcance la mayoría constitucional necesaria. Subrayó que presentar la iniciativa es parte del compromiso asumido con el electorado, incluso si el resultado parlamentario no le favorece.
Reforma como posicionamiento político
Más allá del rediseño técnico del sistema electoral, la propuesta coloca a los partidos frente a una definición pública: respaldar cambios estructurales o asumir el costo político de rechazarlos. La presidenta enfatizó que no busca instaurar un “partido de Estado” ni suprimir la pluralidad, sino modificar reglas que, en su visión, encarecen los procesos y alejan a los representantes de la ciudadanía.
Uno de los puntos centrales es eliminar las listas plurinominales cerradas. Aunque se mantendrían los 500 diputados federales —300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional— la diferencia radicaría en que todos los aspirantes tendrían que hacer campaña territorial y buscar el voto directo.
En el Senado desaparecería la lista nacional plurinominal, conservando el esquema de dos senadores de mayoría y uno de primera minoría por entidad.
Reducción de costos y reestructura institucional
El componente financiero es otro eje clave. Sheinbaum planteó reducir el gasto público destinado a elecciones, partidos y organismos electorales. Cuestionó que consejeros electorales perciban ingresos superiores al de la Presidencia y señaló que podrían revisarse estructuras como los institutos electorales locales para optimizar recursos.
También propuso homologar salarios en congresos estatales, con el argumento de evitar disparidades y redirigir recursos a áreas prioritarias como salud, educación y programas sociales.
Nuevas reglas para la competencia digital
La iniciativa incorpora regulación sobre inteligencia artificial en campañas, prohibición de bots y restricciones a campañas pagadas en redes sociales. El órgano electoral tendría atribuciones para investigar y retirar contenidos automatizados considerados desinformativos.
Además, se fortalecerían mecanismos de democracia participativa, incluyendo consultas municipales vinculantes mediante recolección de firmas y votación electrónica.
Principios hacia 2030
El proyecto retoma principios como la no reelección y la prohibición del nepotismo —ya aprobados para entrar en vigor en 2030— integrándolos como parte de una visión de transformación estructural del sistema político.
La aritmética legislativa
El desafío inmediato será reunir la mayoría calificada requerida para una reforma constitucional. Aunque la presidenta no adelantó cálculos, el escenario implica negociaciones intensas y posibles ajustes al dictamen.
Sheinbaum insistió en que no presentar la reforma habría significado renunciar a sus convicciones. “Hay que presentar lo que uno piensa, en un esquema racional y tranquilo”, afirmó.
Con ello, el debate no sólo será técnico-electoral, sino también una prueba de correlación de fuerzas y narrativa política rumbo a la segunda mitad del sexenio.
