Senado avala ley contra la extorsión y fortalece controles en cárceles
El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, un nuevo marco jurídico que unifica la definición de este delito en todo el país, refuerza la protección a las víctimas y establece sanciones para servidores públicos que participen en estas conductas. La norma también incorpora medidas estrictas para frenar el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de los centros penitenciarios.
La votación en lo general —110 votos a favor y ninguno en contra— dio luz verde al proyecto, que fue devuelto a la Cámara de Diputados con 21 modificaciones a 15 artículos, además de un artículo transitorio agregado por el Senado.
“México no tolerará la extorsión”, afirman legisladores
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, subrayó que la extorsión va más allá del daño económico y afecta la tranquilidad, dignidad y cohesión social. Señaló que con esta ley el Estado mexicano envía un mensaje contundente: el país no permitirá este delito bajo ninguna modalidad.
Por su parte, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que los cambios aprobados fortalecen el proyecto inicial y cierran espacios a la impunidad. Recordó que la extorsión es el tercer delito con mayor incidencia en México, con impactos que pueden ser patrimoniales, psicológicos y físicos.
Endurecen medidas en reclusorios para bloquear comunicaciones ilícitas
Uno de los ejes centrales de la ley son las nuevas reglas para los centros penitenciarios. Corral destacó que muchas extorsiones se originan desde las cárceles y que, por primera vez, se establecen mecanismos legales para bloquear comunicaciones, impedir el ingreso de dispositivos electrónicos y garantizar que los penales cumplan su función de readaptación social.
Los reclusorios contarán con un plazo de seis meses tras la promulgación para instalar tecnologías que inhiban llamadas y transmisiones de voz, datos o imagen. Además, se prohíbe que las personas privadas de la libertad posean teléfonos u otros aparatos; la violación a esta norma será castigada con penas de 6 a 12 años de prisión, tanto para quienes los porten como para el personal penitenciario que permita su ingreso.
Aumentan penas: hasta 42 años cuando la extorsión provenga de cárceles
El Senado modificó la propuesta original de la Cámara de Diputados y elevó la pena máxima por extorsión de 15 a 25 años de prisión. Las sanciones podrán llegar hasta 42 años cuando el delito se realice desde un centro penitenciario.
Un marco uniforme para combatir la extorsión en todo el país
El senador Inzunza destacó que la iniciativa crea un marco homogéneo a nivel nacional, integrado por una definición única del delito acorde con su evolución en los últimos años. También se establece la obligación de contar con unidades especializadas, policías, analistas y ministerios públicos certificados y capacitados para investigar este delito de manera efectiva.
