Sheinbaum respalda indagatoria penal contra Ernesto Ruffo Appel
La Presidenta sostiene que Fiscalía actúa con pruebas documentales, peritajes e inteligencia financiera; rechaza versiones de persecución política internacional y partidista.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responde exclusivamente a la presunta comisión de delitos relacionados con una red de contrabando de hidrocarburos y no a motivaciones políticas, como han señalado exmandatarios de América Latina y España.
Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a un pronunciamiento firmado por diversos expresidentes, quienes calificaron el proceso como un caso de persecución política. Sheinbaum rechazó esa interpretación y sostuvo que el expediente debe analizarse con base en las pruebas reunidas por el Ministerio Público.
“Que se informen en la Fiscalía General de la República. No es un tema político, es un tema criminal”, declaró la presidenta, al insistir en que corresponde a las autoridades ministeriales determinar responsabilidades conforme avancen las investigaciones.
De acuerdo con la FGR, el caso surgió tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, lo que permitió descubrir una presunta red dedicada al traslado irregular de combustibles mediante transporte ferroviario entre diversas entidades del país. La investigación señala que las empresas involucradas reportaban únicamente una fracción del volumen real de hidrocarburos transportados, ocasionando un millonario perjuicio a la hacienda pública.
La Fiscalía sostiene que la empresa considerada como principal importadora fue creada en agosto de 2018 y que, meses después, Ernesto Ruffo Appel se incorporó a su capital variable. Posteriormente asumió funciones como accionista, secretario del Consejo de Administración y representante en diversos actos corporativos y gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras.
Según las investigaciones, la sociedad modificó su objeto social para incluir actividades relacionadas con la importación, almacenamiento, transporte y manejo de hidrocarburos, además de la operación de terminales ferroviarias, infraestructura que, de acuerdo con la autoridad, habría sido utilizada para desarrollar el esquema de contrabando.
Gobierno defiende actuación de la Fiscalía en investigación
La FGR informó que el expediente integra 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes químicos, peritajes de ingeniería, análisis de pedimentos aduanales, facturas, cartas porte y cruces de información con el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Las autoridades precisaron que únicamente durante el primer semestre de 2025 fueron detectadas más de cuatro mil operaciones presuntamente irregulares. Aunque la imputación inicial comprende un daño superior a 100 millones de pesos derivado de 170 ferrotanques, las estimaciones oficiales indican que el perjuicio total al erario podría superar los 4 mil millones de pesos.
La Fiscalía reiteró que la investigación no está relacionada con la trayectoria política del exmandatario panista, sino con su probable participación en hechos que podrían configurar delitos como delincuencia organizada y defraudación vinculada al comercio de hidrocarburos.
Mientras dirigentes y simpatizantes del Partido Acción Nacional han expresado su respaldo a Ruffo Appel y cuestionado la actuación de las autoridades, el Gobierno federal sostiene que el caso deberá resolverse exclusivamente en el ámbito judicial, con base en las evidencias integradas en la carpeta de investigación y el debido proceso.
