Sheinbaum defiende ajuste fiscal ante protestas de transportistas
La reducción del tope fiscal afectará a 170 grandes empresas; Hacienda prevé recaudar cuatro mil 500 millones adicionales desde 2027
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el ajuste al estímulo fiscal aplicado al pago de peajes del autotransporte y sostuvo que la medida no perjudicará a los pequeños transportistas, sino que limitará el beneficio para un grupo de 170 grandes empresas. En medio de las movilizaciones de un sector de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el Gobierno federal aseguró que mantiene abiertas las vías de diálogo para atender las demandas del gremio.
La modificación consiste en reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de la doble deducción del Impuesto sobre la Renta (ISR) relacionada con el pago de peajes. El cambio entrará en vigor a partir del ejercicio fiscal 2027 y, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dejará sin afectaciones al 94 por ciento de las empresas que actualmente utilizan este mecanismo.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó que de las dos mil 580 compañías que reciben el estímulo, únicamente alrededor del seis por ciento dejará de acceder a una parte del beneficio debido al nuevo límite. Entre las empresas que conservarán el apoyo se encuentran aquellas que, según el Gobierno, realmente lo necesitan para mantener sus operaciones.
La administración federal argumentó que la medida busca corregir un esquema fiscal cuyo alcance aumentó considerablemente durante los últimos años. El beneficio fue creado en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, sin establecer un límite máximo, y posteriormente, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se fijó un tope de 300 millones de pesos.
Hacienda detalló que el pago de peajes ya es deducible como parte de los costos de operación de las empresas; sin embargo, el esquema vigente también permite acreditar ese gasto contra el ISR, lo que representa un beneficio adicional para los contribuyentes que cumplen con los requisitos establecidos.
Según las cifras presentadas por la dependencia, el estímulo fiscal creció más de cinco veces en los últimos seis años. Para 2026 se estima que el beneficio total alcance los 13 mil 900 millones de pesos, mientras que la reducción del límite permitirá obtener cuatro mil 500 millones de pesos adicionales para las finanzas públicas.
Ajuste fiscal alcanzará únicamente a 170 grandes empresas
El Gobierno federal sostiene que esos recursos podrán destinarse a atender necesidades públicas, al tiempo que se mantiene el apoyo para la mayoría de los transportistas. Amador Zamora subrayó que las empresas que requieren el incentivo continuarán recibiéndolo dentro de los parámetros establecidos.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda destacó que el sector conserva otros estímulos fiscales, entre ellos la doble deducción relacionada con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al diésel, cuyo monto ronda los seis mil millones de pesos. En conjunto, los estímulos destinados al sector durante 2025 sumaron cerca de 115 mil millones de pesos, de acuerdo con los datos oficiales.
En cuanto a las protestas, la Secretaría de Gobernación informó que la mayoría de las organizaciones del autotransporte aceptó participar en las conversaciones con las autoridades para exponer sus planteamientos y buscar soluciones por la vía institucional.
Como parte de estas gestiones, se programó una reunión con la Secretaría de Hacienda a las 11:00 horas para explicar los alcances del ajuste fiscal y escuchar las inquietudes de los representantes del sector. El Gobierno consideró que el grupo movilizado representa una parte minoritaria de la Canacar, por lo que rechazó que la inconformidad pueda interpretarse como una postura generalizada de toda la industria.
Por otra parte, las autoridades señalaron que las demandas relacionadas con la seguridad en las carreteras se atienden de manera permanente mediante la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con la Guardia Nacional.
Con esta estrategia, el Gobierno federal busca mantener el diálogo con los transportistas y justificar la modificación fiscal como una medida dirigida a limitar los beneficios de las grandes compañías, sin eliminar los apoyos que recibe la mayor parte del sector.
