Sheinbaum abre frente legal por operación de agencias de EUA en Chihuahua y advierte a estados: “la soberanía no es opcional”
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo elevó el tono frente a lo ocurrido en Chihuahua al acusar una violación al marco legal y a la soberanía nacional por la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos locales sin aval federal. El señalamiento no solo apunta al caso específico, sino que abre un frente institucional más amplio: la obligación de todos los gobiernos estatales de ceñirse a la ley en materia de cooperación internacional en seguridad.
Durante la llamada “Mañanera del Pueblo”, la mandataria sostuvo que la responsabilidad recae en el gobierno encabezado por Maru Campos, al considerar que fue la autoridad estatal la que solicitó apoyo a agencias de Estados Unidos sin seguir los canales establecidos por la federación. Subrayó que dicha actuación contraviene la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional de México, que regula de manera estricta cualquier interacción con instancias extranjeras en temas de seguridad.
Sheinbaum fue enfática: la normativa es clara al prohibir gestiones directas de autoridades locales con gobiernos extranjeros fuera de los mecanismos oficiales, los cuales deben pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instancias federales competentes. “No es opcional”, reiteró, al insistir en que el cumplimiento del Estado de derecho debe ser uniforme y sin excepciones.
Llamado institucional y advertencia a gobernadores
En respuesta al caso, la presidenta instruyó al Consejo de Seguridad emitir un comunicado dirigido a los 31 gobernadores y a la jefa de Gobierno de la capital, para recordar los lineamientos legales en materia de համագործación internacional en seguridad. El objetivo, explicó, es evitar interpretaciones discrecionales que puedan derivar en vulneraciones a la soberanía.
Además, informó que tanto la gobernadora Campos como el fiscal estatal fueron citados a comparecer ante el Senado, donde deberán detallar las condiciones bajo las cuales se habría dado esta colaboración con agencias extranjeras.
Deslinde federal y contradicción de versiones
Uno de los puntos centrales del conflicto es la supuesta participación o conocimiento de fuerzas federales. La presidenta desmintió la versión de la mandataria estatal sobre una presunta notificación a la Secretaría de la Defensa Nacional, aclarando que si bien elementos militares participaron en operativos —como ocurre regularmente a solicitud de autoridades locales—, ello no implica que estuvieran al tanto de la intervención de personal estadounidense.
Esta contradicción abre una línea de tensión política e institucional, en la que el gobierno federal busca deslindarse de cualquier actuación fuera del marco legal.
Relación con Estados Unidos: cooperación bajo foco claros
Pese a la firmeza de su postura, Sheinbaum matizó que su administración no pretende escalar un conflicto con Estados Unidos. Reiteró que México mantiene una relación de cooperación en materia de seguridad, pero esta debe regirse por acuerdos formales y respetar plenamente la soberanía nacional.
En ese sentido, adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores establecerá comunicación con el embajador estadounidense para esclarecer los hechos y delimitar responsabilidades.
Presión política y falta de comunicación
La presidenta también reveló que intentó contactar a Maru Campos sin éxito, aunque confirmó que la gobernadora sostendría una reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en un intento por aclarar la situación.
Un precedente para la coordinación en seguridad
Más allá del caso Chihuahua, el episodio perfila un precedente relevante para la relación entre los distintos niveles de gobierno en México. La advertencia presidencial deja claro que la cooperación internacional en seguridad no puede gestionarse de manera unilateral por los estados, sino que requiere conducción federal.
“La soberanía es inviolable”, sentenció Sheinbaum, al cerrar un mensaje que combina advertencia jurídica, presión política y la intención de fijar قواعد claras en uno de los temas más sensibles de la agenda nacional: la seguridad y la relación con Estados Unidos.
