Sheinbaum cuestiona la propuesta de la Corte y advierte sobre una posible inconstitucionalidad
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la propuesta del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, de invalidar una parte de la reciente reforma al Poder Judicial, calificándola de inadecuada y fuera del marco de atribuciones del máximo tribunal.
Sheinbaum insistió en que la SCJN debe abstenerse de asumir un rol legislativo, recordando que la reforma constitucional fue aprobada conforme a los procesos que dicta la ley. “La Corte no puede ser legisladora”, enfatizó, señalando que el marco jurídico actual no otorga personalidad jurídica a los partidos políticos para interponer amparos contra reformas constitucionales. “Están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica”, indicó.
La presidenta llamó a la calma y pidió esperar la votación de los ministros en torno al proyecto, aunque manifestó su confianza en que los miembros de la SCJN, como expertos en Derecho, estarán conscientes de los límites de sus facultades. “Vamos a esperar la votación, porque las ministras y ministros de la Corte conocen lo que estoy diciendo”, reiteró.
Sheinbaum consideró que una decisión de la SCJN en este sentido podría sentar un precedente de inconstitucionalidad y vulnerar el equilibrio de poderes, ya que, según subrayó, el Tribunal no cuenta con atribuciones para revertir reformas constitucionales aprobadas conforme a la ley.
En el marco de sus declaraciones, Sheinbaum también abordó un tema adicional relacionado con los beneficios de retiro para los ministros, al señalar que, en caso de que algunos miembros de la SCJN consideren presentar su renuncia, deben hacerlo en los próximos días para recibir sus haberes de retiro completos. “Si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. Si no, no tendrían acceso a ellos”, indicó.
Esta postura de la presidenta marca una línea clara en la visión del Poder Ejecutivo respecto a los límites de las competencias del Poder Judicial y el respeto a las reformas constitucionales que el gobierno actual ha impulsado.
