Ejecución de contraalmirante exhibe el costo de denunciar la corrupción en la Marina
El asesinato del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, ha encendido las alarmas sobre la profundidad de las redes de corrupción en la Secretaría de Marina (Semar) y los riesgos que enfrentan quienes se atreven a denunciarlas.
Guerrero, de carrera intachable dentro de la Marina, fue emboscado por dos sicarios a bordo de una motocicleta que actuaron con apoyo de un vehículo de respaldo. Los atacantes lo acribillaron con armas calibre 9 milímetros mientras estaba de vacaciones, en un lugar cuyo paradero —según la investigación oficial— solo era conocido por mandos navales.
El crimen guarda similitudes con el asesinato de Magaly Nava Ramos, auxiliar de la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutada bajo un modus operandi casi idéntico meses atrás. Ambos casos apuntan a un patrón de represalia contra funcionarios vinculados a investigaciones sobre el huachicol fiscal en puertos y aduanas.
Una denuncia incómoda
Meses antes de su muerte, el 14 de junio de 2024, Guerrero envió una carta al entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, en la que acusaba directamente a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del propio titular de Semar, de encabezar una red criminal dedicada al desvío de combustibles en instalaciones portuarias.
De acuerdo con la denuncia, los Farías Laguna utilizaban su influencia para manipular designaciones de personal naval en aduanas y terminales portuarias, asegurando así el control de la operación ilícita. Cada buque cargado de hidrocarburos recibía “protección” a cambio de 1.7 millones de pesos.
Golpes a la red criminal
El caso derivó en una de las investigaciones más delicadas de los últimos años dentro de la Marina. El 2 de septiembre, el vicealmirante Manuel Roberto Farías fue detenido y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Su hermano Fernando permanece prófugo.
Ejecución de contraalmirante exhibe el costo de denunciar la corrupción en la Marina
En total, 14 personas fueron arrestadas: seis marinos en activo y cinco funcionarios de aduanas, además de tres empresarios presuntamente vinculados a la red de contrabando. La caída de este grupo dejó en evidencia el grado de infiltración del crimen organizado en las estructuras encargadas de resguardar el comercio marítimo del país.
La cita que selló su destino
La FGR confirmó que Guerrero fue citado el 10 de octubre por el nuevo secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, para dar seguimiento a la denuncia. Poco después, el 8 de noviembre, fue ejecutado. En el expediente se subraya que su paradero vacacional únicamente era conocido por mandos de la Semar, lo que refuerza la hipótesis de una filtración interna.
La carta original con sus denuncias fue hallada en su oficina de la 22 Zona Naval, en Chiapas, tras el crimen.
El precio de la integridad
La ejecución del contraalmirante se ha convertido en un símbolo del alto costo que implica enfrentar la corrupción en México. Para expertos en seguridad, el caso refleja cómo las estructuras criminales logran enquistarse en instituciones clave y cómo quienes se atreven a denunciar quedan en un estado de vulnerabilidad extrema.
“Un marino honesto que cumplió con su deber terminó pagando con su vida. Es la muestra más cruda de lo que significa desafiar a una mafia con protección en las más altas esferas”, declaró un funcionario consultado bajo condición de anonimato.
El asesinato de Guerrero Alcántar no solo representa una tragedia personal y familiar, sino también un golpe a la credibilidad de las instituciones encargadas de combatir la corrupción y resguardar la seguridad nacional.
