PAN acusa persecución política y defiende a Maru Campos
La confrontación entre fuerzas políticas escala en San Lázaro, mientras el debate gira hacia seguridad, narcotráfico y responsabilidades del Estado mexicano.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, elevó el tono del enfrentamiento entre Morena y el PAN al denunciar una presunta persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en medio de tensiones derivadas de operativos contra el crimen organizado en esa entidad.
Desde la tribuna política, la legisladora panista cuestionó las advertencias de Morena sobre posibles acciones legislativas y legales contra la mandataria estatal, luego del aseguramiento de un narcolaboratorio en Chihuahua. En su posicionamiento, defendió que las investigaciones y eventuales juicios políticos deben centrarse en funcionarios con presuntos vínculos con el crimen organizado, y no en autoridades que —afirmó— enfrentan a los cárteles.
“Hoy hay dos tipos de políticos: los que están del lado del narco y los que desmantelan narcolaboratorios y protegen a sus ciudadanos”, sostuvo López Rabadán, al plantear una narrativa de contraste entre gobiernos locales y actores señalados por presuntos nexos criminales.
La diputada utilizó el caso de Chihuahua para compararlo con la crisis de seguridad en Sinaloa, entidad que ha estado bajo el escrutinio público por hechos de violencia y referencias al caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Bajo este contexto, calificó como “un abuso” cualquier intento de promover un desafuero o juicio político contra Campos.
“Destruir un narcolaboratorio obliga a reconocer el trabajo de la gobernadora. Está del lado de la legalidad y de proteger a las familias”, afirmó.
En contraparte, insistió en que las indagatorias deben dirigirse hacia gobernantes que hayan sido acusados de mantener relaciones con organizaciones criminales, en lugar de enfocarse en quienes, según su postura, combaten directamente estas estructuras.
El posicionamiento también incorporó un ángulo internacional. López Rabadán retomó declaraciones atribuidas a funcionarios de Estados Unidos sobre presuntos niveles de corrupción en la política mexicana, y planteó que el país enfrenta una definición de fondo sobre el tipo de liderazgo que requiere.
“México tiene que decidir si quiere políticos que protejan al narcotráfico o funcionarios que defiendan a las familias”, expresó.
Aunque evitó pronunciarse de forma directa sobre una posible intervención de agencias estadounidenses en territorio nacional, subrayó que la responsabilidad de atender la inseguridad y el avance del crimen organizado recae en las instituciones mexicanas.
Finalmente, la legisladora advirtió sobre la magnitud del problema al señalar que, según sus estimaciones, hasta el 30 por ciento del territorio nacional estaría bajo influencia del crimen organizado, una afirmación con la que buscó dimensionar la gravedad del escenario de seguridad y reforzar su llamado a investigar y sancionar a funcionarios presuntamente vinculados con actividades ilícitas.
