México plantea conservación ambiental con justicia social en COP17
Delegación mexicana presentó avances en áreas protegidas, restauración ecológica y cooperación internacional, mientras llamó a fortalecer financiamiento y participación comunitaria
La protección de la biodiversidad, la recuperación de ecosistemas y el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas marcaron la agenda de México durante la Decimoséptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), donde el Gobierno federal planteó que la conservación ambiental debe traducirse también en bienestar social y desarrollo sostenible.
Durante el encuentro internacional, celebrado del 19 al 30 de octubre en Ereván, Armenia, México llamó a acelerar las acciones para detener y revertir la pérdida de biodiversidad hacia 2030, fortalecer los mecanismos de financiamiento y garantizar que los compromisos internacionales se conviertan en resultados concretos en los territorios.
La delegación mexicana fue encabezada por la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Marina Robles García, en representación de la titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra, con la participación de representantes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Uno de los principales temas abordados fue el primer balance mundial sobre la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado en 2022, que establece 23 metas para proteger la naturaleza y recuperar los ecosistemas.
El informe State of Biodiversity Action reveló que cerca de 90 por ciento de los países participantes ya estableció objetivos nacionales en materia de biodiversidad, mientras que alrededor de 60 por ciento cuenta con estrategias y planes de acción para cumplirlos.
Sin embargo, el diagnóstico también mostró que menos de la mitad de las metas nacionales evaluadas avanza conforme a lo previsto, lo que evidencia la distancia entre los compromisos asumidos y las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de conservación establecidos para 2030.
Ante este panorama, México respaldó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, garantizar recursos suficientes y establecer mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los resultados de las políticas ambientales.
Conservación de la naturaleza con participación comunitaria
Durante el Segmento de Alto Nivel de la COP17, Marina Robles García sostuvo que la protección de la biodiversidad no puede separarse de la justicia social ni del reconocimiento de los derechos de quienes habitan y protegen los territorios.
La funcionaria destacó que la Política Ecológica y Ambiental Humanista del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea vincular la protección del patrimonio natural con el bienestar de las comunidades y la construcción de un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible.
En ese sentido, México reiteró que los pueblos indígenas y las comunidades locales deben tener participación plena y efectiva en las decisiones relacionadas con la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
También destacó la importancia de reconocer sus conocimientos tradicionales y prácticas bioculturales, debido a su contribución en el cuidado de los ecosistemas y la preservación de la diversidad biológica.
México presenta avances en áreas naturales protegidas
En materia de conservación territorial, la delegación mexicana expuso los avances de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y las acciones relacionadas con la Meta 3 del Marco Mundial Kunming-Montreal, que establece proteger efectivamente al menos 30 por ciento de las zonas terrestres, aguas continentales, marinas y costeras para 2030.
Entre los instrumentos nacionales destacó la existencia de 232 Áreas Naturales Protegidas federales, además de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, cuya contribución resulta relevante para preservar ecosistemas y mantener la conectividad ecológica.
México también informó sobre la preparación del Programa Nacional de Restauración Ambiental, orientado a recuperar ecosistemas deteriorados y atender regiones prioritarias, particularmente aquellas con mayores condiciones de vulnerabilidad.
A estas acciones se suman los esfuerzos para fortalecer la conservación de mares y costas, así como impulsar áreas de prosperidad marina y terrestre que permitan compatibilizar la protección ambiental con actividades productivas sostenibles.
Financiamiento internacional busca acelerar las metas
Otro de los asuntos centrales de la COP17 fue la necesidad de incrementar los recursos económicos destinados a la protección de la biodiversidad.
Durante la conferencia se anunciaron nuevas aportaciones por aproximadamente 60.22 millones de dólares al Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad, administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
Los recursos fueron comprometidos por Alemania, Islandia, Mónaco, la provincia de Quebec y la ciudad de Berlín, con el propósito de respaldar proyectos de conservación y apoyar a los países en desarrollo.
Este mecanismo ya tiene programados más de 362 millones de dólares para iniciativas en 87 países, con atención especial a las necesidades de las comunidades indígenas y locales.
En este escenario, México presentó proyectos para fortalecer la capacidad financiera e institucional de sus Áreas Naturales Protegidas, mediante alianzas con organismos multilaterales, instituciones financieras y organizaciones civiles.
Entre ellos se encuentra MEx30x30, iniciativa respaldada por el Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de gestión y garantizar la conservación de largo plazo de las áreas protegidas del país.
También se expusieron los avances del proyecto ACCIÓN, financiado por el Fondo Verde para el Clima, que impulsa medidas de adaptación basadas en los ecosistemas y fortalece la resiliencia de comunidades y territorios de la península de Yucatán.
Asimismo, se destacó la cooperación con el banco de desarrollo alemán KfW para dar continuidad a proyectos de conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas de montaña del centro de México.
Gran Selva Maya, ejemplo de cooperación regional
En el ámbito internacional, México presentó el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, una iniciativa conjunta con Guatemala y Belice, formalizada mediante la Declaración de Calakmul en agosto de 2025.
El proyecto busca fortalecer la conectividad ecológica entre los tres países, proteger ecosistemas estratégicos y conservar el patrimonio biocultural de una región que rebasa las fronteras nacionales.
La propuesta contempla que la cooperación regional permita coordinar acciones de conservación y promover alternativas de desarrollo sostenible con participación de las comunidades que habitan estos territorios.
México expuso esta experiencia como un ejemplo de colaboración entre naciones para enfrentar problemas ambientales compartidos y proteger espacios naturales de importancia regional.
Compromisos rumbo a 2030
Durante la COP17, las partes adoptaron 14 decisiones relacionadas con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus protocolos de Cartagena y Nagoya, con avances en temas como bioseguridad, especies exóticas invasoras e igualdad de género.
Las negociaciones también abordaron el financiamiento, la restauración de ecosistemas, el monitoreo de la biodiversidad y la necesidad de transformar los incentivos económicos que perjudican a la naturaleza.
El balance internacional dejó en evidencia que establecer objetivos nacionales no es suficiente si no existen recursos, capacidades institucionales y mecanismos efectivos para concretarlos.
Frente a este desafío, México reiteró que continuará impulsando la cooperación multilateral, la participación comunitaria, el conocimiento científico y la articulación de las agendas de biodiversidad, cambio climático y combate a la desertificación.
La representación mexicana sostuvo que el cumplimiento de las metas hacia 2030 requiere colocar en el centro tanto la protección de los ecosistemas como los derechos y el bienestar de las poblaciones que dependen de ellos.
