¡Gobierno va por control de violencia digital!
Decreto obligará a plataformas a retirar contenidos peligrosos, proteger a menores y activar mecanismos de prevención contra acoso, odio y autolesiones.
Tras los episodios de violencia que han encendido las alertas sobre el impacto de las redes sociales entre menores de edad, el Gobierno federal prepara un decreto de emergencia para obligar a las plataformas digitales a prevenir, detectar y retirar contenidos que promuevan el odio, el acoso, la violencia y las conductas que pongan en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa, presentada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, busca transformar las condiciones de seguridad en internet mediante obligaciones directas para los servicios digitales que permiten la interacción entre usuarios, la publicación de mensajes y la difusión o recomendación de contenidos.
El propósito es que la protección de la infancia deje de depender exclusivamente de las decisiones individuales de los usuarios o de sus familias y forme parte del funcionamiento de las propias plataformas.
De acuerdo con la propuesta, los servicios digitales deberán incorporar medidas de seguridad desde el diseño de sus sistemas y evitar que las personas menores de edad accedan, sean expuestas o reciban recomendaciones de materiales que inciten al odio, al extremismo violento, al abuso o a la explotación sexual.
La restricción también abarcará contenidos relacionados con el suicidio, las autolesiones deliberadas, los trastornos alimenticios, la violencia escolar, el acoso, el ciberacoso, el ciberbullying, las conductas ilícitas y el material sexual explícito.
Plataformas, obligadas a actuar contra contenidos peligrosos
Uno de los ejes centrales del decreto será exigir a las empresas tecnológicas que asuman una responsabilidad activa frente a las publicaciones que representen un riesgo para la integridad física y emocional de los menores.
Las plataformas deberán identificar y retirar de manera inmediata las cuentas o los contenidos que promuevan cualquier forma de violencia, además de establecer mecanismos para clasificar los materiales según la edad de sus usuarios.
La propuesta contempla diferenciar las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de que los sistemas de recomendación y acceso a contenidos consideren las necesidades particulares de cada grupo de edad.
También deberán proporcionar herramientas de supervisión sencillas y accesibles para madres, padres y tutores, a fin de facilitar el acompañamiento de los menores durante su actividad en internet.
Otro punto relevante será la configuración automática de los niveles más protectores de privacidad y seguridad. Esto significa que las medidas deberán activarse de manera predeterminada, sin que los usuarios tengan que buscarlas o habilitarlas por su cuenta.
Con ello, el Gobierno pretende reducir la exposición involuntaria a materiales dañinos y dificultar que los entornos digitales se conviertan en espacios para normalizar la violencia o promover conductas de riesgo.
Atención permanente y preservación de pruebas
El proyecto también establece obligaciones de colaboración con las autoridades. Las plataformas deberán mantener un punto de contacto disponible las 24 horas del día, durante todo el año, para atender requerimientos de las instituciones encargadas de investigar posibles delitos.
Entre sus responsabilidades estarán preservar y entregar evidencia cuando sea solicitada por las autoridades competentes, así como emitir alertas inmediatas cuando detecten contenidos que representen una amenaza contra la vida.
Este componente busca fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que exijan intervención urgente y evitar que la información relevante desaparezca antes de que pueda ser utilizada en una investigación.
La aplicación de estas medidas implicaría que las empresas tecnológicas tengan que reforzar sus procedimientos de moderación, atención de reportes y cooperación institucional cuando estén involucrados riesgos para menores de edad.
Gobierno federal busca frenar el odio y la violencia en internet
Prevención y atención a la salud mental
La estrategia no se limitará a las obligaciones impuestas a las plataformas. El Gobierno mantendrá acciones de orientación psicológica y prevención dirigidas tanto a los menores como a sus familias.
Entre ellas se encuentra la Línea de la Vida, en el número **800-911-2000**, que ofrece orientación y apoyo psicológico. También se contempla la difusión de materiales educativos como *El ABC de las emociones*, enfocado en la salud mental y el uso consciente de las redes sociales.
La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud participarán en acciones coordinadas para reforzar la prevención, promover el bienestar emocional y facilitar herramientas que permitan identificar señales de alerta.
El planteamiento parte de que la violencia digital no puede enfrentarse únicamente mediante la eliminación de publicaciones: también requiere educación, acompañamiento familiar y atención oportuna a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Decreto, antesala de una posible regulación más amplia
La Consejería Jurídica de la Presidencia y la Agencia de Transformación Digital elaboraron el documento con el apoyo de especialistas. Según lo anunciado, el texto quedaría listo para su aprobación después de una revisión prevista para el viernes y el fin de semana.
La previsión oficial es publicarlo en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el martes o miércoles siguientes. La entrada en vigor y los plazos concretos de cumplimiento deberán precisarse conforme al texto definitivo.
De manera paralela, se instalarán mesas de trabajo para evaluar si las medidas previstas resultan suficientes o si será necesario avanzar hacia una regulación adicional o una ley específica sobre violencia digital y protección de menores.
El anuncio se produce después del episodio ocurrido en Coahuila que reavivó la preocupación por la violencia en los entornos escolares y por la circulación de contenidos que pueden alentar conductas dañinas.
Con esta iniciativa, el Gobierno federal busca colocar la protección de niñas, niños y adolescentes en el centro de las responsabilidades de las empresas tecnológicas. El reto será convertir las obligaciones anunciadas en mecanismos efectivos de prevención, atención y rendición de cuentas, sin dejar de lado la necesidad de establecer procedimientos claros para su aplicación.
El mensaje de las autoridades es que las redes sociales no deben funcionar como espacios para promover el odio, el acoso o la violencia, especialmente cuando sus contenidos pueden afectar la seguridad y el desarrollo de la población infantil y adolescente.
