En Irapuato Sheinbaum, defiende programas sociales como política de Estado y eje de pacificación
Irapuato, Guanajuato.– En un mensaje con fuerte carga política y social, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los programas de bienestar del Gobierno de México constituyen una política de Estado con sustento constitucional, y no medidas asistencialistas sujetas a la discrecionalidad del Ejecutivo.
Desde Guanajuato, entidad marcada por retos en materia de seguridad y desigualdad social, la mandataria delineó un enfoque que vincula derechos sociales, estrategia de pacificación y desarrollo económico regional.
Derechos sociales blindados en la Constitución
Sheinbaum subrayó que la pensión para personas adultas mayores no debe entenderse como un apoyo opcional o condicionado, sino como un derecho consagrado en la Constitución. Recordó que el beneficio para quienes cumplen 65 años quedó establecido en la Carta Magna, lo que obliga al Estado mexicano a garantizarlo de manera permanente.
“No consideramos apoyos asistencialistas los programas de bienestar, son derechos”, afirmó ante asistentes al acto público.
Explicó que este esquema asegura al menos un ingreso básico que permita a las y los adultos mayores vivir con dignidad, reduciendo brechas de desigualdad y fortaleciendo la autonomía económica de millones de familias.
Asimismo, destacó que otros programas sociales fueron incorporados a los artículos segundo, tercero y cuarto constitucionales, ampliando el marco de protección social y dando estabilidad jurídica a políticas públicas que anteriormente podían modificarse o desaparecer con cada cambio de administración.
De programas sexenales a obligaciones legales
El énfasis presidencial estuvo en dejar claro que los apoyos no dependen de la voluntad política del gobierno en turno. Al estar inscritos en la Constitución, explicó, se convierten en obligaciones legales para cualquier administración federal.
Con ello, sostuvo, se rompe con prácticas clientelares del pasado y se consolida un modelo de desarrollo con justicia social, en el que el Estado reconoce derechos en lugar de otorgar dádivas.
En el caso de Guanajuato, señaló que miles de familias reciben transferencias directas que impactan en el consumo local y dinamizan economías municipales.
Política social como estrategia de seguridad
Uno de los puntos centrales del mensaje fue la conexión entre bienestar y seguridad pública. La presidenta argumentó que atender las causas estructurales de la violencia implica garantizar acceso efectivo a educación, salud y empleo.
Según expuso, ofrecer oportunidades a jóvenes y sectores vulnerables reduce la probabilidad de que la delincuencia se convierta en alternativa de vida.
Paralelamente, reiteró la política de “cero impunidad” y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, incluida la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales. El planteamiento combina prevención social con acciones operativas para recuperar la paz en la región.
Infraestructura y empleo como complemento
La mandataria también vinculó el bienestar social con la inversión pública en infraestructura estratégica. Mencionó proyectos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como planes de movilidad, entre ellos el tren de pasajeros, como motores para generar empleo y dinamizar la economía regional.
El mensaje en Irapuato dejó ver una narrativa integral: programas sociales constitucionales como base de justicia social; seguridad con enfoque preventivo y combate a la impunidad; y obra pública como palanca de crecimiento.
En un estado donde los indicadores de violencia han sido un desafío constante, la presidenta buscó posicionar el modelo federal como una fórmula que combina derechos sociales, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.
