El ascenso de Broxel: la época dorada con el PAN y Peña Nieto
Por Antonio Carrera.
Nacida durante el sexenio de Felipe Calderón, Broxel, empresa de servicios financieros propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, construyó en poco más de una década una red de contratos públicos que a la fecha supera los 25 mil millones de pesos, un ascenso que tomó impulso durante la administración de Enrique Peña Nieto y cuyo historial hoy es revisado por diversas instancias federales.
Desde su creación, en 2011, Broxel encontró terreno fértil en programas públicos de prestaciones y vales. Durante el gobierno de Peña Nieto, su presencia se disparó en organismos como el Infonavit, donde entre 2016 y 2024 obtuvo al menos diez contratos por 701 millones de pesos, ocho de ellos por adjudicación directa. Ese patrón motivó una denuncia presentada en 2025 ante el propio Instituto, turnada también a la FGR, la SFP, el SAT y la UIF, para indagar posibles conflictos de interés y triangulación de recursos iniciados desde esos años.
A nivel estatal, el mayor empuje provino de gobiernos panistas. Entre 2021 y 2024, las administraciones de Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán y Querétaro otorgaron a la firma más de 860 millones de pesos en contrataciones públicas, de las cuales 21 de 38 fueron por adjudicación directa.
El expediente también incluye episodios bajo observación regulatoria. En 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a su filial Broxel Transfer por incumplimientos en prevención de lavado de dinero; y en 2022 multó a otra de sus razones sociales por entregar información falsa o incompleta.
A ello se suma que entre 2019 y 2025 la empresa retrasó la devolución de 121 millones de pesos en vales no entregados al Gobierno de la Ciudad de México, obligando a la Secretaría de Finanzas a emitir múltiples oficios para exigir los reembolsos, según se constató en documentos obtenidos vía transparencia.
Pese a estas alertas, Broxel acumula convenios en administraciones estatales y en distintos organismos federales, varios de ellos derivados de contratos iniciados al amparo de gobiernos panistas y priistas. El historial, que mezcla montos millonarios, irregularidades operativas y una tendencia recurrente de adjudicaciones6 directas, ha encendido focos rojos en áreas federales que hoy analizan el origen y evolución de esta red de asignaciones públicas.
Esto ocurre, mientras la administración de Clara Brugada se encuentra en plena definición de la licitación para los vales de despensa de fin de año, un contrato estimado en más de 3 mil 700 millones de pesos. Servicios Broxel, que ha mantenido la adjudicación desde 2019, busca continuar al frente.
Personas cercanas al proceso aseguran que el exsecretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López habría desplegado gestiones para presionar a funcionarios capitalinos y operar, a través de medios de comunicación, una estrategia favorable a la empresa con el fin de influir en el resultado del proceso. Estas maniobras, aseguran, han generado tensión política en torno al fallo, programado para hoy lunes 10 de noviembre.
En paralelo, Gustavo Gutiérrez Galindo, fundador y director de Broxel, ha sido vinculado con actores políticos y empresariales desde los años en que su compañía comenzó a obtener contratos federales y estatales. Según fuentes consultadas, durante la última década mantuvo presencia frecuente en uno de los palcos del equipo Miami Dolphins, espacio donde solía reunirse con funcionarios y representantes de distintas dependencias, mientras su firma ampliaba su red de convenios públicos.
De acuerdo a un periodista mexicano que asistió a uno de esos partidos de la National Football League (NFL), uno de los empresarios que fueron ubicados en estas reuniones es Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario actualmente requerido por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal relacionados con esquemas de outsourcing.
