EEUU acusa a gobernador de Sinaloa y a funcionarios por presunto narcotráfico
La fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación formal por delitos de narcotráfico contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve exfuncionarios y servidores públicos estatales. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de drogas hacia territorio norteamericano.
Cargos por drogas y uso de armas
El documento judicial detalla que los implicados enfrentan cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y delitos vinculados al uso de armas de fuego. Según la acusación, los funcionarios habrían contribuido a la logística y protección de operaciones destinadas a distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos.
Las autoridades sostienen que, para consolidar su estructura, el grupo criminal presuntamente contó con el respaldo de funcionarios que abusaron de sus cargos públicos. Estas acciones incluirían la protección de actividades ilícitas, el sometimiento de víctimas a amenazas y actos violentos, así como la aceptación de sobornos a gran escala.
Señalamientos de violencia y corrupción
El expediente también menciona la presunta participación de algunos agentes de seguridad en actos violentos relacionados con el cártel. Entre ellos, se incluyen homicidios de rivales de la organización y de personas sospechosas de colaborar con autoridades estadounidenses.
Además, se indica que ciertos elementos policiales habrían estado involucrados directamente en represalias ordenadas por el grupo delictivo, lo que refuerza la hipótesis de una red de complicidad dentro de instituciones de seguridad en México.
Lista de funcionarios implicados
Entre los acusados se encuentran:
- Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil, Presidente municipal sustituto de Culiacán
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa
- Dámaso Castro Saavedra, Vicefiscal de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan Valenzuela Millán, Comandante policía municipal de Culiacán
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa
En particular, Valenzuela Millán enfrenta acusaciones adicionales por su presunta participación en el secuestro de una fuente de la DEA y un familiar de esta, hechos que derivaron en la muerte de ambas personas.
Presunta red de protección institucional
Según la fiscalía estadounidense, todos los acusados ocuparon cargos de alto nivel dentro del gobierno estatal o en corporaciones de seguridad, lo que habría permitido establecer una estructura de protección para las actividades del cártel.
El documento también señala la posible intervención del grupo criminal conocido como Los Chapitos en el proceso político que llevó a Rocha Moya al poder. De acuerdo con la acusación, este grupo habría recurrido a intimidación y secuestro de adversarios políticos para influir en el resultado electoral.
Acusaciones sobre vínculos políticos
Las autoridades estadounidenses sostienen que el mandatario habría sostenido reuniones con integrantes del grupo delictivo antes y después de asumir el cargo en noviembre de 2021. En dichos encuentros, presuntamente se habrían acordado mecanismos de protección a cambio de respaldo político.
Asimismo, se afirma que, ya en funciones, el gobernador habría permitido la operación del grupo criminal con un amplio margen de impunidad dentro del estado.
Proceso en curso y falta de postura oficial
El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Hasta ahora, no se han dado a conocer respuestas oficiales por parte del gobernador ni de su administración.
Por su parte, el gobierno mexicano tampoco ha emitido una postura pública respecto a estas acusaciones, las cuales deberán ser probadas conforme al debido proceso en tribunales estadounidenses.
