Brugada endurece estrategia institucional para frenar despojo de viviendas
Gobierno capitalino anuncia nuevas medidas, plazos reducidos y vigilancia anticorrupción para proteger patrimonio familiar y combatir redes de despojo inmobiliario
El Gobierno de la Ciudad de México reforzó su estrategia para combatir el delito de despojo con un paquete de acciones orientadas a acelerar la restitución de inmuebles, fortalecer la prevención y sancionar la posible complicidad de servidores públicos, en una ofensiva que busca cerrar el paso a las redes dedicadas a apropiarse ilegalmente del patrimonio de las familias.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó ocho medidas que incluyen la creación de una Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, nuevos plazos para agilizar la recuperación de inmuebles, un protocolo único de atención a emergencias y un equipo especial de control interno para investigar posibles actos de corrupción relacionados con este delito.
La mandataria afirmó que la estrategia se sustentará en cuatro ejes: prevenir, investigar, acompañar a las víctimas y restituir los inmuebles afectados. Reiteró que su administración mantendrá una política de “cero tolerancia” contra quienes participen en redes de despojo y contra cualquier funcionario que facilite o encubra estas prácticas.
Entre las principales acciones destaca la implementación de un programa permanente de regularización patrimonial que facilitará la escrituración, el registro notarial y la regularización de sucesiones, con el propósito de reducir los conflictos legales que suelen ser aprovechados por grupos dedicados al despojo.
Asimismo, anunció que la restitución de inmuebles deberá resolverse en un plazo de hasta 15 días y la judicialización de los casos en un máximo de 30 días, con el objetivo de brindar respuestas más rápidas a las víctimas.
Como parte del fortalecimiento institucional, se pondrá en marcha un protocolo de reacción inmediata para atender denuncias de despojo, coordinando la actuación del Gobierno capitalino, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia.
La estrategia también incorpora inteligencia criminal para identificar patrones y posibles organizaciones dedicadas sistemáticamente a este delito, en lugar de investigar únicamente los casos de manera aislada.
Uno de los componentes centrales será la integración de un equipo especializado adscrito a la Contraloría General, encargado de auditar e investigar posibles actos de corrupción o colusión de servidores públicos relacionados con despojos de inmuebles.
Además, se lanzará una campaña preventiva con una cartilla ciudadana que incluirá recomendaciones para proteger la propiedad, mantener actualizada la documentación de los inmuebles, activar alertas registrales, formalizar contratos de renta o préstamo, conservar pruebas de posesión y denunciar de inmediato cualquier intento de ocupación ilegal.
Brugada también propuso presentar un informe semestral sobre los resultados de la estrategia, con el fin de evaluar avances y fortalecer las acciones implementadas.
Durante la presentación, la Fiscalía General de Justicia informó que el Gabinete contra los Despojos ha atendido mil 32 asuntos, de los cuales 388 fueron clasificados como presuntos despojos; además, se concretaron 185 restituciones de inmuebles y 84 aseguramientos.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que en lo que va del año han sido detenidas 46 personas por este delito y recordó que el protocolo de atención establece una respuesta policial menor a tres minutos tras una denuncia al 911 o al número de atención habilitado para estos casos.
Las autoridades destacaron que, pese a la percepción social, la incidencia del delito se ha mantenido estable desde 2019, con un promedio de entre 10 y 11 casos diarios, aunque insistieron en que el objetivo es desarticular las estructuras que operan detrás del despojo y garantizar la protección efectiva del patrimonio de las familias capitalinas.
