Ayotzinapa: nuevas pistas reabren rutas tras doce años
Llamadas, teléfonos, restos humanos y videograbaciones abren cuatro líneas de investigación mientras Sheinbaum promete llegar a la verdad
A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el Gobierno federal presentó nuevas líneas de investigación que buscan esclarecer qué ocurrió con los jóvenes y ampliar el expediente más allá de las versiones construidas durante las primeras indagatorias.
Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que el caso permanece abierto y que las investigaciones continuarán hasta esclarecer los hechos, hacer justicia y determinar el paradero de los normalistas.
“No está cerrada la investigación. No se va a cerrar hasta que no se encuentre la verdad, se haga justicia y encontremos dónde están los jóvenes”, afirmó.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, presentó un balance de las investigaciones realizadas durante el actual sexenio y reportó 31 personas detenidas por su presunta relación con distintos aspectos del caso.
Entre ellas se encuentran nueve expolicías municipales, ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, siete exservidores públicos —entre ellos el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero—, una expresidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal, una exvisitadora, un médico legista que se encontraba en la barandilla municipal durante aquella noche, además de dos empresarios y otros civiles relacionados con líneas específicas de investigación.
A estos arrestos se suma un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional detenido durante este sexenio por presuntos vínculos con delincuencia organizada, adicional a los 16 militares detenidos en administraciones anteriores.
Rastreo telefónico conduce a una funeraria
Una de las nuevas líneas surgió del análisis exhaustivo de las comunicaciones realizadas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El cruce de llamadas permitió identificar comunicaciones entre personas relacionadas con la detención de los estudiantes y una funeraria, así como con un médico o nutriólogo.
Las autoridades posteriormente catearon el establecimiento y encontraron que operaba de manera irregular. De acuerdo con la investigación, la familia propietaria tenía antecedentes de vínculos con la delincuencia organizada.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que el propietario de la funeraria habría utilizado el teléfono de uno de los estudiantes desaparecidos.
Durante cateos realizados en octubre de 2025 se localizó un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio que no contaba con registro oficial.
Así mismo, entre marzo y junio de 2026 se realizaron nuevas búsquedas en el Servicio Médico Forense de Iguala, donde fueron recuperados 23 indicios, entre ellos fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos y casquillos.
Sheinbaum destacó que esta ruta no depende únicamente de declaraciones de testigos, sino de registros de comunicación correspondientes a la noche en que desaparecieron los estudiantes.
Tres celulares siguieron activos
Otra de las líneas surgió del análisis de los teléfonos de los normalistas.
Las autoridades identificaron tres aparatos pertenecientes a estudiantes desaparecidos que fueron utilizados después del 27 de septiembre de 2014.
El seguimiento de uno de ellos derivó en una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala, señalado por delitos relacionados con delincuencia organizada y desaparición forzada.
Otro teléfono habría sido utilizado por un policía municipal de Iguala que actualmente se encuentra bajo investigación.
El tercer aparato aporta elementos para profundizar en la hipótesis de que algunos de los jóvenes fueron trasladados hacia la barandilla municipal.
La presidenta cuestionó durante la conferencia cómo pudo utilizarse después de la desaparición el teléfono de uno de los estudiantes desde las instalaciones de la barandilla.
Caso Ayotzinapa: nuevas pistas reabren rutas de investigación
Una cámara que supuestamente no funcionaba
Una tercera línea se concentra en las videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la información presentada por el Gobierno, uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas llegó hasta ese inmueble, donde existía una cámara de vigilancia.
Durante años se sostuvo que el equipo no funcionaba. La revisión de esta circunstancia llevó a las autoridades a preguntar por el destino de las grabaciones y abrió una nueva ruta de investigación.
A partir de estas diligencias fueron detenidas Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca Estrada, exvisitadora de ese órgano.
La investigación también derivó en la imputación contra Ángel N, señalado por presuntamente ordenar la desaparición de pruebas.
Localizan a testigo que no había declarado
La cuarta línea corresponde a un testigo que, según el informe gubernamental, no había sido localizado por las autoridades durante las investigaciones anteriores.
En 2014 tenía 14 años y habría participado en los acontecimientos relacionados con la desaparición de los estudiantes.
Fue localizado y rindió declaración el 30 de julio de 2026. Su testimonio, de acuerdo con las autoridades, aporta elementos que fortalecen las investigaciones relacionadas con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Investigación seguirá en tres frentes
Sheinbaum aseguró que las nuevas diligencias continuarán principalmente en tres áreas: las funerarias, el Semefo de Iguala y las videograbaciones relacionadas con los hechos.
La mandataria también afirmó que existe comunicación permanente con las madres y padres de los 43 normalistas y sostuvo que los avances de las investigaciones les han sido informados.
“Todo esto se les ha informado a las mamás y a los papás. No es que un día llegó y se les dijo, sino que va avanzando”, señaló.
Respecto al acompañamiento internacional, explicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no opera como instancia, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó su disolución.
Añadió que el Gobierno mexicano solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos una valoración para determinar la posibilidad de incorporar nuevos expertos al seguimiento del caso.
A 12 años de la desaparición de los estudiantes, la investigación incorpora nuevas diligencias basadas en registros telefónicos, dispositivos utilizados después de la desaparición, restos e indicios localizados en instalaciones forenses y una videograbación cuya existencia y destino se convirtieron en parte central de las nuevas indagatorias.
La posición del Gobierno federal es que el expediente permanece abierto y que las nuevas líneas deberán determinar qué ocurrió con los jóvenes y quiénes participaron en los hechos de Iguala.
