Grupo criminal habría financiado bloqueo en Santa Fe; Segob ya investiga
La Secretaría de Gobernación confirmó que investiga el presunto financiamiento de un grupo delictivo a personas que participaron en los bloqueos registrados el martes en la zona de Santa Fe, Ciudad de México.
La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, explicó durante la conferencia matutina que las autoridades detectaron que algunos de los participantes habrían recibido dinero para acudir a la movilización y cerrar vialidades.
Protesta generó afectaciones viales
La movilización se realizó bajo el argumento de denunciar presuntas irregularidades y malos tratos en el Centro Federal de Reinserción Social número 4, ubicado en Tepic, Nayarit.
El bloqueo afectó durante varias horas vialidades importantes de Santa Fe, entre ellas Vasco de Quiroga y Constituyentes, provocando complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público. De acuerdo con reportes, participaron alrededor de 400 personas.
La información difundida sobre la convocatoria señalaba que se ofrecían pagos de aproximadamente 250 pesos por persona para participar en la movilización.
Segob señala posible vínculo con grupo delictivo
Rosa Icela Rodríguez afirmó que lo que llamó particularmente la atención de las autoridades fue que, presuntamente, los recursos utilizados para movilizar a los manifestantes provenían de personas relacionadas con un grupo criminal y con un individuo que permanece privado de la libertad.
La funcionaria evitó proporcionar nombres mientras continúan las investigaciones, pero advirtió que no se permitirá que el derecho constitucional a la manifestación sea utilizado para favorecer intereses de la delincuencia organizada.
Autoridades investigan quién organizó la movilización
La Secretaría de Gobernación indicó que ya se encuentra en curso una investigación para determinar quién financió y coordinó la protesta, así como establecer las responsabilidades correspondientes.
De manera paralela, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el penal señalado por los manifestantes cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento y con abasto de medicamentos y servicios para las personas privadas de la libertad, aunque se mantienen revisiones sobre los señalamientos realizados.
El Gobierno federal insistió en que la libre manifestación es un derecho, pero subrayó que resulta grave que una movilización pueda ser financiada u organizada por grupos vinculados con actividades delictivas.
