Transportistas rechazan bloqueos y privilegian diálogo con Gobierno
Organizaciones del autotransporte acuerdan una agenda interinstitucional para atender seguridad, infraestructura, tarifas, estímulos fiscales y abusos de autoridad sin afectar a ciudadanos.
Organizaciones del autotransporte de pasajeros, turismo y carga rechazaron los bloqueos carreteros como mecanismo de presión y acordaron mantener el diálogo con el Gobierno de México para buscar soluciones a las principales demandas del sector, mediante una agenda de trabajo que comenzará esta misma semana.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), manifestaron su disposición a privilegiar las negociaciones institucionales y evitar acciones que perjudiquen la movilidad de la población.
El acuerdo se alcanzó durante una reunión con representantes del Gobierno federal, en la que los transportistas expusieron una serie de preocupaciones relacionadas con las condiciones en las que opera la actividad, así como los problemas que enfrentan en las carreteras del país.
Entre los temas planteados destacan la seguridad carretera, la modernización y conservación de la infraestructura, los estímulos fiscales, el transporte irregular, los presuntos abusos de autoridad, las tarifas de peaje y las condiciones generales de operación de las empresas transportistas.
Ante estas demandas, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró que existen canales institucionales para atender las inquietudes del sector y subrayó que no es necesario recurrir a bloqueos carreteros, debido a las afectaciones que estas medidas ocasionan a la ciudadanía.
Acuerdan agenda con dependencias federales
Como parte de los compromisos alcanzados, las organizaciones y las autoridades acordaron establecer una agenda de trabajo que se desarrollará a partir de esta semana, tanto en el ámbito federal como en las entidades del país.
En las mesas participarán funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); y Trabajo y Previsión Social (STPS), además de integrantes de la Guardia Nacional (GN).
Transportistas y Gobierno pactan revisar demandas esta semana
El objetivo será analizar cada uno de los planteamientos presentados por los representantes del autotransporte y avanzar en la construcción de alternativas que permitan atender las necesidades del sector, sin recurrir a medidas que interrumpan la circulación vehicular.
La participación de las distintas dependencias permitirá revisar los asuntos fiscales, operativos, laborales y de seguridad desde sus respectivos ámbitos de competencia, así como dar seguimiento a las solicitudes formuladas por las organizaciones.
Participan titulares y representantes del sector
En el encuentro estuvieron presentes los secretarios de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, además de subsecretarios y funcionarios de las dependencias involucradas.
Por parte de Hacienda asistió Carlos Gabriel Lerma Cotera; mientras que por Gobernación participó César Yáñez Centeno Cabrera. También acudieron José Luis Rodríguez, de la SSPC, y Tania Carro, de la SICT, así como Luis Ruiz, director general del Autotransporte Federal.
En representación de la Guardia Nacional participaron el general Cruz Isaac Muñoz Navarro, director general de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, y el general de brigada Juan Carlos Guzmán Giadans, jefe de Coordinación Policial.
Las organizaciones transportistas estuvieron representadas por Alejandro Malagón Barragán, Luis Antonio Zaldívar Sánchez, Elías Dip Rame y Leonardo Gómez, entre otros dirigentes y representantes del sector.
Con el acuerdo, las partes establecieron una ruta de interlocución para revisar las demandas del autotransporte y buscar soluciones mediante reuniones técnicas y coordinación entre autoridades federales y representantes de la industria, mientras se evita que los conflictos deriven en bloqueos que afecten a automovilistas, pasajeros, empresas y actividades económicas.
