Exhiben saqueo de mil 700 millones en farmacias
Contrato entregó farmacias hospitalarias a privados y elevó costos hasta 60%; nuevo modelo reduce gastos y aumenta distribución mensual de medicamentos.
El negocio de los medicamentos en el Estado de México dejó al descubierto uno de los mecanismos más costosos de la privatización de los servicios públicos de salud: contratos millonarios que no solo entregaban a empresas particulares la distribución de fármacos, sino también la operación de las farmacias instaladas dentro de hospitales públicos, con sobreprecios de hasta 60 por ciento por pieza.
El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, expuso que, durante la administración priista mexiquense, se destinaron alrededor de mil 700 millones de pesos a una empresa privada entre 2022 y 2023 para prestar estos servicios. El esquema, señaló, implicaba costos considerablemente superiores a los que actualmente obtiene el gobierno mediante un nuevo modelo de adquisición y distribución.
La dimensión del contrato no radicaba únicamente en el monto económico. La empresa privada asumía también la operación de las farmacias hospitalarias, donde el personal de la compañía sustituyó a trabajadores del sector público en las labores de atención y manejo de medicamentos. En la práctica, los hospitales públicos alojaban farmacias administradas por particulares, pese a que los servicios estaban destinados a atender las necesidades de pacientes de la red pública.
Farmacias públicas bajo administración privada
El esquema convirtió una actividad esencial para el funcionamiento hospitalario en un servicio contratado a terceros. De acuerdo con la información presentada por Clark, el costo de cada pieza distribuida se ubicaba entre 50 y 60 por ciento por encima de los precios que se pagan bajo el mecanismo vigente.
En 2023, el contrato representó 872 millones de pesos, según los datos expuestos por el funcionario. La cifra evidencia la magnitud de los recursos públicos comprometidos en un modelo que, además de transferir la operación de las farmacias, encarecía el suministro de medicamentos.
El caso mexiquense se inscribe en un mercado farmacéutico que durante años estuvo concentrado en un número reducido de proveedores. El diagnóstico presentado por el gobierno federal apunta a que diez empresas acaparaban el mercado nacional, en un entorno donde la compra, distribución e intermediación de medicamentos representaban un negocio de grandes dimensiones.
En 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se exhibiría a las empresas involucradas en las irregularidades relacionadas con la compra y distribución de medicamentos, equipos e insumos médicos. En ese contexto, cuestionó la participación de compañías y grupos de comunicación en el entramado de intereses alrededor de las contrataciones públicas.
Nuevo modelo reduce costos y aumenta el abasto
La estrategia actual busca desmantelar los mecanismos de intermediación y fortalecer la adquisición directa a fabricantes. De acuerdo con Clark, el gobierno modificó el esquema de contratación, incorporó subastas inversas competitivas y puso fin al contrato mexiquense para abrir nuevas licitaciones.
Con el nuevo modelo, el gasto anual en el Estado de México se redujo 32 por ciento, mientras que el volumen de medicamentos trasladados mensualmente desde los almacenes hacia centros de salud aumentó entre 30 y 40 por ciento.
Los resultados presentados por el subsecretario apuntan a una doble ventaja: reducir el costo de adquisición y mejorar el flujo de medicamentos hacia las unidades médicas. La comparación también cuestiona la eficiencia del modelo anterior, que destinaba más recursos para distribuir una menor cantidad de piezas.
Privatización hospitalaria encareció hasta 60% los medicamentos en Edomex
La transformación forma parte de la estrategia federal para consolidar una Red Pública de Distribución de Medicamentos, con la que se pretende recuperar el control operativo del suministro, eliminar intermediarios innecesarios y mejorar la disponibilidad de tratamientos en hospitales y centros de salud.
Compras por miles de millones de piezas
La estrategia de adquisición contempla cerca de seis mil millones de piezas de medicamentos e insumos para los periodos de compra de 2027 y 2028, incluidos tratamientos oncológicos y materiales de curación.
De acuerdo con las estimaciones oficiales expuestas, mantener los costos anteriores habría implicado un gasto adicional de aproximadamente 45 mil millones de pesos en las compras correspondientes a 2025 y 2026, además de otros 35 mil millones para 2027. Estas proyecciones buscan dimensionar el impacto presupuestal que, según el gobierno, tendría la continuidad de los mecanismos previos de contratación.
Para fortalecer la vigilancia ciudadana, la Secretaría de Salud habilitó el portal compraconsolidada.salud.gob.mx, donde se puede consultar información sobre las adquisiciones, los volúmenes contratados, los valores y los procedimientos utilizados para comprar medicamentos.
La publicación de estos datos busca facilitar la comparación de precios y permitir que la ciudadanía revise cómo se ejercen los recursos destinados al abasto sanitario.
El reto: convertir el ahorro en atención efectiva
El caso del Estado de México vuelve a colocar en el centro del debate el costo de la intermediación privada en los servicios públicos de salud. La reducción del gasto y el incremento de las piezas distribuidas representan indicadores relevantes, pero el resultado final también dependerá de que los medicamentos lleguen oportunamente a las unidades médicas y estén disponibles para los pacientes.
La apuesta del gobierno federal consiste en sustituir los contratos que delegaban funciones estratégicas a empresas privadas por mecanismos de compra directa, competencia de precios y distribución pública.
Más allá del monto comprometido en el contrato mexiquense, la discusión se concentra ahora en la capacidad del nuevo modelo para garantizar medicamentos suficientes, reducir el desperdicio de recursos y asegurar que el presupuesto destinado a la salud se traduzca en tratamientos accesibles y atención efectiva para la población.
