Sheinbaum descarta pactos políticos por caso Chihuahua
La presidenta niega acuerdos con Maru Campos por operativo en la Sierra Tarahumara y sostiene que las fiscalías determinarán responsabilidades penales.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno mantenga acuerdos políticos con la administración de Chihuahua, encabezada por Maru Campos, para proteger a funcionarios o negociar responsabilidades judiciales relacionadas con el operativo en el que se investiga la presencia de agentes estadounidenses en un presunto laboratorio de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara.
En medio de las repercusiones políticas por la detención del exfiscal estatal César Jáuregui, la mandataria federal negó la existencia de un pacto entre ambas administraciones para determinar quién debe enfrentar un proceso penal o establecer condiciones que favorezcan a alguno de los involucrados.
Sheinbaum sostuvo que las investigaciones deben desarrollarse conforme a la ley y sin acuerdos entre gobiernos que interfieran en las decisiones de las autoridades ministeriales. Con ello, marcó distancia de las versiones sobre una posible negociación política en torno a uno de los casos que ha generado cuestionamientos por sus implicaciones en materia de seguridad y cooperación bilateral.
“Primero, para decirlo con absoluta claridad: la justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, eso lo digo con toda claridad”, afirmó la presidenta al fijar la postura de su administración.
La declaración coloca el énfasis en la autonomía de las investigaciones y en la necesidad de esclarecer los hechos sin que las relaciones entre autoridades federales y estatales condicionen el curso de los procedimientos judiciales.
Tras detención de exfiscal de Chihuahua, Sheinbaum marca límites entre política y justicia
El caso adquirió relevancia por la presunta operación de un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara y por los señalamientos sobre la participación de agentes de Estados Unidos. Estos elementos abren interrogantes sobre las circunstancias del operativo, los mecanismos de colaboración entre autoridades y las responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas.
La detención de Jáuregui añadió un nuevo componente político al asunto, debido a su anterior responsabilidad al frente de la Fiscalía de Chihuahua y a las posibles consecuencias institucionales del caso. Sin embargo, la situación jurídica del exfuncionario deberá definirse a partir de las investigaciones y de las determinaciones de las autoridades competentes.
La presidenta insistió en que el gobierno federal no intervendrá mediante acuerdos políticos para resolver el expediente. La postura busca evitar que el caso se convierta en una negociación entre administraciones y establece que cualquier responsabilidad deberá acreditarse por las vías legales correspondientes.
Por ahora, el desarrollo de las indagatorias será determinante para esclarecer la participación de los funcionarios involucrados, las condiciones en que se realizó el operativo y el papel que habrían desempeñado los agentes estadounidenses.
El mensaje de Palacio Nacional es directo: no habrá pactos políticos que sustituyan las investigaciones ni acuerdos que impliquen impunidad. El desenlace dependerá de las pruebas, las actuaciones ministeriales y las resoluciones judiciales que correspondan.
