Harfuch anuncia seis cárceles para reforzar control penitenciario
Los nuevos penales tendrán capacidad para 18 mil 480 internos; el Gobierno reporta detenciones, decomisos y medidas contra la extorsión
Gobierno proyecta seis cárceles y refuerza vigilancia penitenciaria
El Gobierno de México anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios con capacidad conjunta para albergar a 18 mil 480 personas privadas de la libertad, como parte de una estrategia que busca fortalecer la seguridad en las cárceles, impedir que grupos criminales mantengan operaciones desde su interior y mejorar los mecanismos de vigilancia y control institucional.
Durante la presentación de los resultados de seguridad correspondientes a las últimas tres semanas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que las nuevas instalaciones se construirán en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
El proyecto contempla infraestructura especializada, tecnología de monitoreo, sistemas de inspección y mecanismos para bloquear señales, además de una reorganización de los espacios penitenciarios mediante módulos diferenciados, de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo de las personas recluidas.
La estrategia, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pretende fortalecer la capacidad operativa de las autoridades penitenciarias y reducir las posibilidades de que las organizaciones delictivas utilicen los centros de reclusión para mantener sus actividades ilícitas.
Mazatlán tendrá prioridad tras hechos violentos
Sinaloa será la primera entidad en la que se impulsará una nueva instalación penitenciaria. García Harfuch explicó que la presidenta instruyó priorizar este proyecto después de los recientes hechos violentos registrados en el centro penitenciario de Mazatlán.
La nueva cárcel tendrá capacidad para 2 mil 640 personas y contará con instalaciones modernas, sistemas reforzados de vigilancia y herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la supervisión de las actividades dentro del inmueble.
Mientras se concreta su construcción, el penal de Mazatlán permanece bajo un dispositivo de seguridad reforzado, con la participación de elementos de la Guardia Nacional y personal del sistema federal de prevención y reinserción social.
La intervención busca mantener la vigilancia y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades ante posibles incidentes, mientras avanza el proyecto de una nueva infraestructura penitenciaria en la entidad.
Tecnología y clasificación de internos
Los seis centros penitenciarios incorporarán sistemas de videovigilancia y monitoreo, mecanismos de inspección y herramientas para bloquear señales de comunicación, con el propósito de limitar el uso de dispositivos que pudieran facilitar la coordinación de actividades delictivas desde el interior de las cárceles.
Otro componente será la separación de las personas privadas de la libertad en módulos diferenciados, conforme a sus características y nivel de riesgo. Con ello, las autoridades buscan mejorar la administración de los centros y fortalecer los controles sobre la población penitenciaria.
El planteamiento también incluye la modernización de los procedimientos administrativos, el fortalecimiento de los protocolos de seguridad y la profesionalización del personal encargado de la custodia y operación de las instalaciones.
La construcción de nuevos penales forma parte de una estrategia más amplia que combina infraestructura, labores de inteligencia, investigación criminal y coordinación entre instituciones federales y estatales.
Infraestructura penitenciaria y operativos contra el crimen organizado
Reinserción social, otro componente del proyecto
Además de las medidas de seguridad, los nuevos complejos contemplan espacios destinados a educación, capacitación laboral, trabajo, atención médica y actividades deportivas.
Estos servicios buscan contribuir a los procesos de reinserción social de las personas privadas de la libertad, mediante oportunidades de formación y atención durante su estancia en los centros penitenciarios.
El Gobierno federal plantea que la ampliación de la infraestructura no se limite a incrementar el número de espacios disponibles, sino que también permita mejorar las condiciones de operación y fortalecer los mecanismos institucionales de vigilancia.
El desafío será garantizar que las nuevas instalaciones cuenten con personal suficiente, mantenimiento, equipamiento y protocolos eficaces para cumplir sus objetivos de seguridad y reinserción.
Operativos contra organizaciones criminales
En el mismo informe, García Harfuch presentó un balance de las acciones de seguridad realizadas durante las últimas tres semanas, que incluyeron detenciones de presuntos integrantes y operadores de organizaciones criminales, decomisos de drogas y armas, así como intervenciones contra la extorsión en distintas entidades del país.
Estas acciones forman parte de la estrategia federal que combina labores de inteligencia e investigación con operativos coordinados entre las instituciones de seguridad.
El reporte incluyó resultados de intervenciones dirigidas a debilitar las capacidades de los grupos delictivos y atender actividades que afectan a la población, entre ellas la extorsión.
La presentación de estos resultados se enmarca en los esfuerzos del Gobierno federal por fortalecer la seguridad pública y la coordinación entre autoridades, mientras la construcción de los seis centros penitenciarios abre una nueva etapa en la política de infraestructura carcelaria.
Con una capacidad proyectada de 18 mil 480 espacios, el plan representa una ampliación de la infraestructura penitenciaria federal y estatal. Su impacto dependerá de la ejecución de las obras, la aplicación de los protocolos de vigilancia y la capacidad de las autoridades para impedir que las cárceles sean utilizadas como centros de operación criminal.
