Senado endurece protección animal con nueva ley nacional
La reforma crea registros, obligaciones y sanciones para tutores, además de prohibir prácticas crueles y establecer reparación integral del daño
El Senado de la República aprobó una nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, con la que se pretende establecer reglas comunes en todo el país para prevenir el maltrato, combatir la crueldad y reforzar las obligaciones de quienes tienen animales bajo su responsabilidad.
El nuevo marco jurídico plantea un cambio en la manera de abordar la protección animal: ya no se limita a sancionar agresiones, sino que incorpora una visión integral del bienestar, que considera aspectos como alimentación, salud, alojamiento, ambiente, comportamiento y estado mental.
El dictamen aprobado está integrado por 125 artículos distribuidos en seis títulos y establece bases nacionales para la planeación, coordinación y seguimiento de las políticas públicas relacionadas con los animales.
Registro nacional y padrón de infractores
Entre los principales instrumentos contemplados se encuentra la creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía, además de un padrón de personas infractoras. Ambos mecanismos buscan facilitar la identificación de animales, fortalecer la vigilancia y mejorar la aplicación de las disposiciones.
La legislación también fija obligaciones mínimas para las personas responsables de animales, quienes deberán garantizar alimentación y agua suficientes, atención veterinaria, alojamiento adecuado, estimulación física, social y mental, mecanismos de identificación y condiciones de seguridad.
El objetivo es que la responsabilidad sobre un animal no se limite a evitar actos de violencia, sino que implique garantizar condiciones permanentes para su bienestar.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Maki Ortiz Domínguez, explicó que el dictamen fue construido a partir del análisis de 21 iniciativas presentadas en el Senado, además de más de 40 propuestas discutidas en la Cámara de Diputados.
En el proceso participaron legisladores de distintos grupos parlamentarios, organizaciones civiles, especialistas, académicos, veterinarios, rescatistas y representantes de refugios.
Ortiz señaló que, de acuerdo con datos de 2021, 69 por ciento de los hogares mexicanos tenía una mascota, lo que equivalía entonces a alrededor de 80 millones de animales.
La senadora también expuso que entre 2024 y 2026 se habían registrado más de 10 mil denuncias por maltrato animal ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
Citó además un estudio del Instituto Belisario Domínguez publicado en 2023, según el cual entre 2019 y 2020 las fiscalías estatales registraron 2 mil 490 denuncias; 101 personas fueron vinculadas a proceso y únicamente se dictaron 18 sentencias por maltrato animal.
Nuevas prohibiciones y reparación del daño
La reforma incorpora prohibiciones expresas contra conductas que ocasionen maltrato, crueldad, abandono, dolor, sufrimiento o afectaciones al bienestar de los animales.
Entre las prácticas prohibidas se encuentran la zooerastia, entendida como abuso sexual de animales, y las peleas de perros.
También se incorpora el principio de reparación del daño. En los casos correspondientes, ésta podrá contemplar atención médica y procesos de rehabilitación para recuperar, en la medida de lo posible, las condiciones de bienestar del animal afectado.
La propuesta también establece reglas para la comercialización de especies. La venta deberá realizarse en establecimientos autorizados y registrados, bajo criterios de bienestar, responsabilidad y trazabilidad.
Los animales destinados a venta deberán encontrarse en condiciones adecuadas de salud y alojamiento, contar con revisión veterinaria e identificación, mientras los compradores deberán recibir información sobre sus necesidades y cuidados.
Obligaciones para tutores y sanciones
El proyecto establece igualmente responsabilidades específicas para quienes tengan perros y gatos, entre ellas su esterilización.
La priísta Carolina Viggiano cuestionó que algunas obligaciones ciudadanas estén acompañadas de sanciones mientras los servicios que corresponderían a las autoridades queden sujetos a la disponibilidad presupuestaria.
Señaló que la ley contempla multas de 500 a 2 mil UMA para quienes no esterilicen a sus perros y gatos, mientras que las campañas gratuitas de esterilización y vacunación dependerían de los recursos disponibles.
La legisladora también advirtió que la operación del Registro Nacional de Animales de Compañía, los padrones de infractores, los centros municipales de atención y las campañas permanentes requerirá recursos suficientes para evitar que las nuevas obligaciones queden únicamente en el papel.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reconoció que uno de los principales retos será trasladar las disposiciones a la práctica.
Para ello, explicó, será necesaria la armonización de las legislaciones estatales, la elaboración de normas, la operación de los nuevos registros y una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno.
Protección para animales de trabajo y asistencia
La legislación también contempla a los animales utilizados en actividades de trabajo y asistencia.
Las disposiciones abarcan ejemplares destinados a guardia y protección, detección, búsqueda y rescate, cetrería, tiro, carga y monta, con el propósito de establecer condiciones que protejan su integridad durante el desarrollo de estas labores.
El nuevo marco también vincula el bienestar animal con ámbitos como la salud pública, la sanidad animal y el derecho a un medio ambiente sano, bajo el principio de que su protección constituye una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad.
Para complementar la reforma, el dictamen plantea modificaciones a diversas disposiciones de las leyes federales de Sanidad Animal, Protección Civil y Cine y el Audiovisual, así como de las leyes generales de Vida Silvestre y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Con la aprobación del Senado, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su proceso legislativo para determinar su ratificación y eventual entrada en vigor.
El siguiente desafío será convertir las nuevas obligaciones, registros, sanciones y mecanismos de protección en políticas públicas operativas en las entidades del país, particularmente mediante recursos, infraestructura y coordinación institucional.
