Gobierno publicará contratos públicos cada mes: Sheinbaum
El decreto amplía datos disponibles, fortalece la Plataforma Nacional de Transparencia y establece nuevas obligaciones para Pemex, CFE y dependencias.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en las instituciones del Gobierno de México, mediante nuevas reglas de publicación de información y la actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Uno de los principales cambios será la difusión mensual de todos los contratos públicos, medida con la que el gobierno federal busca facilitar el seguimiento del uso de los recursos y garantizar que la ciudadanía tenga acceso oportuno a información sobre las adquisiciones y servicios contratados por las dependencias.
Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria explicó que el decreto elimina la posibilidad de que la publicación de información dependa únicamente del criterio de servidores públicos o titulares de áreas gubernamentales.
“Con este Decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE, o de cualquier Secretaría”, afirmó.
Sheinbaum señaló que se establecerán lineamientos específicos para determinar qué información debe hacerse pública y en qué casos podrá mantenerse reservada, principalmente cuando existan procedimientos administrativos o judiciales en curso que puedan verse afectados, así como por motivos relacionados con la seguridad nacional.
La Presidenta adelantó que la Plataforma Nacional de Transparencia será fortalecida durante el próximo mes y contará con información más completa, actualizada y accesible. Además, destacó que el gobierno federal informará mensualmente sobre los contratos públicos.
“Cada mes se va a estar informando de los contratos públicos. Entonces, es transparencia total del Gobierno de México”, puntualizó.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto busca que las instituciones publiquen información adicional de interés público, incluso más allá de las obligaciones establecidas actualmente en la legislación.
Como parte de los trabajos previos, indicó, se estabilizó la Plataforma Nacional de Transparencia y se incorporaron herramientas para mejorar la descarga de datos, además de formatos más sencillos para facilitar la consulta ciudadana.
A más tardar en 30 días hábiles, la plataforma incorporará nuevos contenidos de interés público y ampliará la información disponible para que las personas puedan consultar de manera más clara las actividades gubernamentales y el ejercicio de los recursos.
El decreto concentra sus acciones en cuatro áreas. La primera corresponde a las contrataciones públicas, que deberán difundirse mensualmente. La segunda contempla una mayor apertura de información sobre las empresas filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el caso de estas empresas, se publicarán documentos como informes presentados ante agencias extranjeras, estados financieros, información sobre gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.
El tercer eje se enfoca en la fiscalización y las auditorías. Las instituciones deberán proporcionar información adicional sobre el Programa Anual de Fiscalización, la situación de las auditorías y el seguimiento de las observaciones emitidas por los órganos internos de control.
También se dará a conocer el padrón y los mecanismos de designación de los despachos auditores externos, con el propósito de ampliar la vigilancia pública sobre los procesos de revisión y control del gasto gubernamental.
El cuarto componente consiste en una invitación a los gobiernos estatales y municipales, así como a los poderes Legislativo y Judicial, para que adopten medidas similares y fortalezcan la transparencia en todos los niveles de gobierno.
Buenrostro Sánchez agregó que se simplificarán las 17 reservas relacionadas con el interés público y la seguridad nacional. La intención es que la información clasificada permanezca reservada únicamente de manera temporal y que, cuando sea posible, se publique mediante versiones públicas.
Sheinbaum recordó que el artículo 6 de la Constitución establece que la información en posesión de autoridades, organismos públicos, partidos políticos, fideicomisos y entidades que administren recursos públicos debe considerarse pública, bajo el principio de máxima publicidad.
Las medidas contempladas en el decreto serán incorporadas a otras iniciativas que actualmente se elaboran junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para fortalecer la Ley General de Transparencia.
Con estas disposiciones, el Gobierno de México busca establecer criterios uniformes para la difusión de información, reducir la discrecionalidad en los procesos de clasificación y ampliar el acceso ciudadano a datos sobre contratos, empresas públicas, auditorías y ejercicio de recursos.
