FGR reabre dudas sobre gobierno de Ruffo
La Fiscalía analizará información sobre presunta protección al Cártel de los Arellano Félix durante el gobierno panista en Baja California.
La posible revisión de las acusaciones contra Ernesto Ruffo Appel vuelve a colocar bajo escrutinio uno de los periodos más complejos de la historia política y criminal de Baja California.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos para avanzar en el análisis de las versiones que señalan al exgobernador panista por una presunta protección al Cártel de los Arellano Félix durante su administración.
El caso podría abrir una nueva etapa en la revisión de hechos ocurridos hace más de tres décadas, cuando la organización criminal consolidó su presencia en la frontera norte y convirtió a Tijuana en uno de los principales puntos de disputa por las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos.
Ruffo Appel gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y se convirtió en el primer mandatario estatal surgido de un partido de oposición en México, al representar al Partido Acción Nacional (PAN). Su gestión coincidió con el crecimiento del grupo encabezado por los hermanos Arellano Félix, cuya expansión estuvo acompañada por una violenta confrontación con otras organizaciones criminales.
Durante años han circulado señalamientos sobre una posible protección, tolerancia u omisión de autoridades frente a las actividades del cártel. Sin embargo, esas versiones no han derivado hasta ahora en una resolución judicial federal que establezca responsabilidades.
Sheinbaum señaló que la FGR será la instancia encargada de evaluar la información disponible y definir si existen elementos que ameriten una investigación formal. Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente pruebas concretas, declaraciones o documentos que permitan establecer el alcance de las indagatorias.
Fiscalía revisará posibles vínculos entre poder y narcotráfico
La intervención de la Fiscalía genera expectativa por el peso político e histórico de Ruffo Appel, quien además de haber encabezado el gobierno de Baja California fue senador y se mantuvo como una figura relevante del panismo y de la transición democrática de finales del siglo XX.
Cualquier avance en el caso tendría implicaciones que irían más allá de la situación personal del exmandatario, al reabrir el debate sobre la relación que pudieron mantener gobiernos locales y organizaciones criminales durante la expansión del narcotráfico en la década de los noventa.
La revisión también se inscribe en un contexto de análisis de expedientes históricos relacionados con posibles redes de corrupción, protección institucional y colusión entre autoridades y grupos delictivos.
Por ahora, la FGR deberá determinar si la información que pudiera aportar Ruffo Appel resulta relevante, si existen datos que permitan integrar una carpeta de investigación y si los hechos señalados cuentan con sustento suficiente para avanzar en el ámbito penal.
A más de 30 años del inicio de su administración, el caso vuelve a plantear interrogantes sobre el papel de las autoridades durante el fortalecimiento del Cártel de los Arellano Félix. La decisión de la Fiscalía será determinante para establecer si las acusaciones permanecen como versiones históricas o si existen elementos jurídicos para profundizar en las investigaciones.
¿Qué sigue en el caso Ruffo?
La FGR deberá:
– Recabar y analizar la información que pudiera aportar el exgobernador.
– Revisar antecedentes, documentos y posibles elementos relacionados con los señalamientos.
– Determinar si existen bases suficientes para integrar una carpeta de investigación.
– Establecer si los hechos pueden ser investigados en el ámbito penal.
– Definir posibles responsabilidades, en caso de que proceda.
