Trump reconstruye discretamente su estrategia arancelaria tras los reveses judiciales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanza en la reconstrucción de su política arancelaria luego de enfrentar diversos reveses legales, incluidos fallos adversos de la Corte Suprema. Sin embargo, a diferencia de etapas anteriores, su nueva estrategia se caracteriza por un enfoque más reservado, estructurado y respaldado por mecanismos legales específicos.
La administración busca restablecer medidas comerciales que podrían tener un impacto similar al de los aranceles impulsados durante su primer mandato, aunque con mayores posibilidades de permanencia gracias a fundamentos jurídicos más sólidos.
Investigación sobre trabajo forzado en las cadenas de suministro
Como parte de esta nueva ofensiva comercial, el Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, presentó un informe de 98 páginas resultado de una investigación desarrollada durante varios meses.
El documento examina las políticas de numerosos socios comerciales de Estados Unidos respecto a la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzado. Según las conclusiones, 60 economías no han aplicado ni hecho cumplir de manera efectiva restricciones contra la entrada de productos fabricados bajo condiciones laborales coercitivas o con remuneraciones insuficientes.
Asimismo, el informe señala que algunos países han iniciado acciones para combatir esta práctica, aunque considera que los avances siguen siendo limitados.

Propuesta de nuevos aranceles
Ante estos hallazgos, la USTR propuso establecer un arancel general mínimo del 10 % para los países analizados. La medida se sustenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite responder a prácticas comerciales consideradas perjudiciales para los intereses estadounidenses.
Entre los territorios que quedarían sujetos a este gravamen se encuentran Canadá, México, la Unión Europea, Ecuador, Indonesia y Pakistán.
Por otro lado, la propuesta contempla una tasa más elevada, de 12.5 %, para naciones que, según Washington, no han realizado esfuerzos iniciales para combatir el trabajo forzado en sus cadenas de importación. En este grupo figuran China, Brasil, Japón e India.
Consulta pública antes de su implementación
Los nuevos aranceles no entrarán en vigor de forma inmediata. La propuesta fue sometida a un período de consulta pública que permanecerá abierto hasta el próximo 6 de julio.
Posteriormente, el 7 de julio, la Oficina del Representante de Comercio realizará audiencias para recibir opiniones de empresas, organizaciones y otros sectores interesados antes de tomar una decisión definitiva.
Los límites impuestos por los tribunales
La búsqueda de nuevas vías legales para imponer aranceles comenzó incluso antes de que la Corte Suprema determinara, en febrero, que el presidente no contaba con facultades suficientes para utilizar poderes de emergencia con el fin de gravar importaciones.
Tras ese fallo, Trump recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para anunciar un arancel universal del 10 % por un periodo de 150 días. No obstante, en mayo, el Tribunal de Comercio Internacional concluyó que la administración carecía de fundamentos adecuados para aplicar dicha medida.
Desde entonces, la Casa Blanca ha considerado la Sección 301 como una alternativa más sólida y de largo plazo.

La Sección 301, pieza clave de la estrategia
La Sección 301 autoriza a la USTR a investigar prácticas comerciales de otros países que puedan violar acuerdos internacionales o afectar negativamente a las empresas estadounidenses.
Trump ya utilizó esta herramienta durante su primer mandato para imponer aranceles a diversas importaciones procedentes de China y a determinados productos de la Unión Europea.
Una de las principales ventajas de este mecanismo es que no establece límites específicos sobre la magnitud ni la duración de los aranceles que puedan derivarse de una investigación.
Más investigaciones en marcha
La ofensiva comercial de la administración estadounidense no se limita al tema del trabajo forzado. La oficina encabezada por Jamieson Greer mantiene abiertas investigaciones contra más de una docena de países por presuntos problemas relacionados con el exceso de capacidad manufacturera.
Estas pesquisas podrían derivar en nuevas medidas comerciales en los próximos meses, ampliando el alcance de la estrategia arancelaria impulsada por la Casa Blanca.
