Explota caso FibraSin a Rocha Moya
Fuente: (Con imágenes e información publicada por Xpectro)
Las malas noticias continúan para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de destaparse una segunda denuncia de juicio político en su contra realizada en 2025, por un caso en el que mil 359 trabajadores del gobierno fueron defraudados a principios de la década de 1980.
Con la salida del hoy mandatario estatal con licencia, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, tiene la responsabilidad de solucionar un problema en el que durante más de cuatro décadas todos los gobernantes anteriores cerraron los ojos.
Las solicitudes de juicios políticos se le siguen acumulando a Rocha Moya, acusado por el Gobierno de Estados Unidos por narcotráfico. Una de estas fue promovida por un particular por un caso sin solución desde hace más de cuatro décadas.
El pasado lunes 11 de mayo, la dirigencia nacional del PAN solicitó de manera formal un juicio político en contra del gobernador con licencia, tras darse a conocer la solicitud de detención de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pero no es el primero que se solicita en su contra.
Hace un año el Congreso del Estado había recibido una solicitud similar con un caso que ningún gobierno estatal quiso arreglar en casi 44 años.
Aunque poco se supo de esta primera denuncia, ahora se sabe que el ex gobernador se sumó a una lista de mandatarios estatales que decidieron encubrir un fraude fraguado desde el mismo seno del gobierno sinaloense en el año de 1982.
Caso FibraSin; impunidad que data de 1982
En ese año, Sinaloa era gobernada por Antonio Toledo Corro del PRI (1981-1986), dicho mandatario presentó un proyecto para crear una empresa que fabricaría aglomerado de bagazo de caña llamada FibraSin.
Se trata de un material ecológico y sostenible fabricado mediante la compactación de las fibras residuales sobrantes tras extraer el jugo de la caña de azúcar, unidas con adhesivos naturales o sintéticos.
Se utiliza principalmente como una alternativa biodegradable al plástico en empaques y como material ligero de construcción.
Sin presupuesto estatal ni inversores del sector privado interesados, Toledo Corro tuvo la “idea” de convertir en “socios obligados” a mil 359 trabajadores al servicio del Estado.
Sin pedir opinión ni consentimiento, Toledo Corro ordenó que parte del salario de los trabajadores fuera tomado y depositado en un fideicomiso para capitalizar a la “naciente” empresa.
Durante más de dos años, millones de pesos (el peso mexicano en aquel entonces tenía tres ceros más) de las nóminas de los empleados estatales fueron tomados para engordar la cuenta de FibraSin.
El fraude llamado FibraSin
Los trabajadores fueron obligados a financiar una empresa que sólo estuvo en el papel, que nunca tuvo presencia física, sin recibir nada. Nunca tuvieron beneficios económicos, información sobre las finanzas ni existen constancias sobre juntas de Consejo.
El premio de consolación para los miles de trabajadores fue que Toledo Corro les dio el título de “accionistas”, cada vez que se refería a la empresa “fantasma” en los medios de prensa sinaloenses.
Con el paso de los años y las administraciones de gobierno, el fraude quedó evidenciado. Con el tiempo el fideicomiso fue cancelado, pero el dinero jamás regresó a las cuentas bancarias de los trabajadores.
Para 1985 los trabajadores solicitaron los títulos de las acciones que les correspondían como socios de la supuesta empresa, pero jamás les fueron otorgados y a partir de ese momento empezó una lucha que ya alcanzó más de 40 años.
Durante más de cuatro décadas los trabajadores recibieron amenazas veladas o directas para evitar cualquier tipo de demanda en contra del Gobierno para exigir sus derechos. Algunos fueron suspendidos de sus labores por realizar reclamos.
Toledo Corro, quien presumía una gran amistad con los entonces presidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, falleció el 6 de julio del 2018 a los 99 años, sin ser llamado a rendir cuentas.
Algunos de los defraudados han muerto, pero sus familias continúan su lucha, y los que viven ya son jubilados que a pesar de todo mantienen la esperanza de que en algún momento la justicia les sea otorgada.
FibraSin alcanzó a Rocha Moya
Toledo Corro dejó la gubernatura en 1986 y le siguieron Francisco Labastida Ochoa (1987-1992), Renato Vega Alvarado (1993-1998), Juan Sigfrido Millán Lizárraga (1999-2004), Jesús Alberto Aguilar Padilla (2005-2010).
Continuaron Mario López Valdez (2011-2016), Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) hasta llegar a Rubén Rocha Moya, quien asumió el poder en 2021 y solicitó licencia para dejar el cargo de manera temporal el pasado 2 de mayo.
Todos con discursos de apoyo a las víctimas del fraude, con promesas de legalidad y transparencia, pero sin resolver nada y archivando el caso en lo más profundo de la impunidad.
Durante décadas las víctimas buscaron soluciones mediante su Sindicato, pero sus líderes siempre les dieron largas y se cargaron del lado de los gobiernos en turno.
Fue en el 2022 que un grupo de 477 afectados representados y asesorados por Bruno Radamés Valdéz Leyva, interpusieron el amparo 246/2022, un Tribunal Colegiado les dio la razón y emplazaron al gobernador a proporcionar toda la información necesaria, documentación que sirva de soporte, respecto a si se realizó o no descuento en los salarios de los trabajadores, pero no hubo respuesta por parte de la administración de Rocha Moya.
El 7 de mayo del 2025 Valdez Leyva, en representación de su padre, Israel Valdez Sandoval, quien es una de las víctimas, denunció de manera formal a Rubén Rocha Moya ante la Secretaría General del Congreso del Estado en busca de iniciar un juicio político en contra del mandatario con licencia.
Bruno Valdez creció y se hizo adulto escuchando hablar a su padre y sus compañeros de trabajo sobre este fraude, por lo que este tema para él es algo personal y tiene la confianza de que más víctimas se sumen para que, en un futuro, puedan presentar una demanda colectiva.
Congreso del Estado empantanó la denuncia contra Rocha Moya
El 18 de junio del 2025, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación de la LXV Legislatura del Congreso local, cuya presidente de la Mesa Directiva en ese momento era Yeraldine Bonilla Valverde, actual gobernadora interina, analizó el dictamen que contiene la resolución de la denuncia de Juicio Político JP/001/2025 y desde ese momento el caso quedó estancado.
A poco más de un año de que Bruno Valdez interpuso la demanda para promover el juicio político en contra de Rocha Moya, el Congreso, conformado en su mayor parte por morenistas, no ha hecho nada ni ha dado alguna respuesta.
La encargada de supervisar el accionar de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación en ese momentos era la hoy gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, persona de toda la confianza de Rocha Moya y que de manera abierta ha declarado su apoyo al ahora ex gobernador.
Dieron su vida al Gobierno de Sinaloa y éste les dio la espalda
Bruno Valdez comentó que la lucha no es sólo para recuperar el dinero que le fue quitado a la fuerza a los trabajadores, sino porque se trata de personas que dieron su vida trabajando para el Gobierno de un Estado que decidió darles la espalda.
“Son personas entre los 70 y 80 años que merecen un final justo y digno. Dejaron su vida en el Gobierno del Estado y no es posible que no lo vean así
“No acaba (el problema) con la indemnización. Son personas grandes que merecen un final feliz. Son personas que batallan con medicinas, que les obligaron a hacer un sacrificio que no querían”, comentó Valdez Leyva.
El representante legal de los trabajadores del Estado señaló que el Gobierno de la entidad movilizó todo su aparato mediático para evitar que se diera a conocer su denuncia de juicio político a Rocha Moya.
“Acá en Sinaloa todos los medios hicieron caso omiso de mi denuncia, sólo un medio publicó la nota, pero el resto no. Supongo que tienen miedo de perder los privilegios que les otorga el gobierno”, indicó.
“Yo traté de dar a conocer por mi parte que se había entablado una denuncia, pero es muy complicado hacerlo sólo. Acá la mayoría de los medios tienen compromiso con el Gobierno y así es complicado ir contra los funcionarios como Rocha Moya”, dijo Valdez Leyva.
Fuente: (Con imágenes e información publicada por Xpectro)
