Sheinbaum descarta riesgos por entrega de exfuncionarios
Presidenta asegura que entregas voluntarias en Estados Unidos no implican riesgos políticos ni legales, y niega vínculos estructurales entre Morena y crimen organizado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no existe ningún riesgo para su gobierno tras la entrega a la justicia de Estados Unidos de dos exfuncionarios del estado de Sinaloa, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que tanto Gerardo Mérida Sánchez como Enrique Díaz Vega tomaron la decisión de entregarse de manera voluntaria ante las autoridades estadounidenses, por lo que descartó cualquier repercusión para la administración federal.
“Ningún riesgo, ninguno. Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo”, sostuvo Sheinbaum al ser cuestionada sobre el caso.
Asimismo, la titular del Ejecutivo rechazó que exista posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos catalogue a Morena como una organización terrorista, ante versiones que sugieren posibles vínculos de algunos militantes con el crimen organizado.
“No. Ningún riesgo”, reiteró de forma tajante.
Los exfuncionarios formaron parte del gabinete del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y están entre un grupo de diez personas señaladas por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
De acuerdo con las acusaciones, los implicados habrían colaborado con la facción conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos millonarios, presuntamente facilitando operaciones delictivas desde estructuras gubernamentales.
Las entregas de Mérida Sánchez y Díaz Vega se registraron en un contexto de creciente presión por parte de Washington para intensificar el combate al crimen organizado, particularmente tras una reciente conversación telefónica entre Sheinbaum y el presidente estadounidense, Donald Trump, centrada en temas de seguridad y narcotráfico.
Desde que se hicieron públicas las acusaciones a finales de abril, la presidenta ha insistido en que no existen pruebas concluyentes que sustenten los señalamientos contra los funcionarios mexicanos.
No obstante, la entrega voluntaria de ambos exservidores públicos ha comenzado a ampliar el alcance del caso, que ahora no solo involucra presuntos esquemas de protección policial, sino también posibles conexiones financieras y políticas dentro del gobierno estatal de Sinaloa.
El desarrollo de las investigaciones en Estados Unidos podría definir el rumbo del caso y sus implicaciones para actores políticos en México, en medio de un entorno bilateral cada vez más tenso en materia de seguridad.
