Yeraldine Bonilla atribuye a Sedena designación de Gerardo Mérida como secretario de Seguridad
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, afirmó que la designación del general retirado Gerardo Mérida Sánchez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en 2023 fue una determinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y no una decisión del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Durante una declaración pública realizada el sábado, Bonilla señaló que el exfuncionario fue enviado por la propia Sedena para asumir el cargo en el estado, luego de que se conociera la detención de Mérida Sánchez en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Exsecretario fue detenido al ingresar a Estados Unidos
Gerardo Mérida Sánchez ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, dentro de la administración encabezada por Rocha Moya.
Según información del Gabinete de Seguridad federal, el militar retirado ingresó a territorio estadounidense desde Hermosillo y fue arrestado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en el cruce fronterizo de Nogales el pasado 11 de mayo.
Diversos reportes periodísticos apuntan a que el exfuncionario se habría entregado voluntariamente para colaborar con las autoridades estadounidenses como posible testigo cooperante.
Fiscalía estadounidense lo acusa de narcotráfico y conspiración
La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Estados Unidos involucra a Mérida Sánchez, al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros exfuncionarios sinaloenses.
De acuerdo con el expediente judicial, el exsecretario enfrenta cargos por conspiración para importar drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de delitos relacionados con posesión de armas de alto poder y dispositivos destructivos vinculados con operaciones de narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Mérida Sánchez habría recibido sobornos mensuales superiores a los 100 mil dólares por parte de la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Acusan protección a “Los Chapitos”
Entre las acusaciones en su contra destacan presuntas órdenes a policías estatales para evitar detener a integrantes de dicho grupo criminal, así como acciones para hostigar a organizaciones rivales.
El documento judicial también señala que habría filtrado información confidencial sobre investigaciones federales y alertado con anticipación sobre operativos militares, cateos y redadas contra laboratorios clandestinos y casas de seguridad.
Incluso, la investigación indica que durante 2023 se habrían frustrado al menos diez operativos debido a las advertencias anticipadas realizadas presuntamente por el exfuncionario, permitiendo el retiro de drogas, armamento y personal antes de las incursiones.
En caso de ser declarado culpable, Mérida Sánchez podría enfrentar una condena mínima de 40 años de prisión, además de cadena perpetua y el decomiso de bienes relacionados con las actividades ilícitas investigadas.
Gobierno estatal asegura que investigaciones no afectan a Sinaloa
Al ser cuestionada sobre el impacto político de las investigaciones contra exfuncionarios sinaloenses, Yeraldine Bonilla aseguró que la situación no afecta el funcionamiento del gobierno estatal ni las inversiones en la entidad.
La mandataria interina afirmó que la administración continúa trabajando de manera normal y sostuvo que no cuenta con información adicional sobre el caso de Mérida Sánchez ni sobre el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.
También investigan a exsecretario de Finanzas
El viernes pasado trascendió que Enrique Díaz Vega también se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses.
La acusación en su contra lo identifica como un presunto enlace entre líderes de “Los Chapitos” y el entonces gobernador Rocha Moya. Además, se le atribuye haber facilitado el nombramiento de funcionarios presuntamente vinculados con la organización criminal dentro del gobierno estatal.
Los fiscales estadounidenses también lo relacionan con actos de intimidación y violencia durante el proceso electoral de 2021 en Sinaloa.
Según la investigación, Díaz Vega habría sostenido reuniones con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, entre otros integrantes de la facción criminal, y presuntamente entregó información personal de adversarios políticos para obligarlos a abandonar la contienda mediante amenazas y secuestros.
