PAN presiona por cerco migratorio tras renuncia de Rocha; eleva tono contra el gobierno federal
La oposición panista intensificó su ofensiva política luego de la renuncia de Rubén Rocha Moya, al exigir al gobierno federal la emisión inmediata de una alerta migratoria para impedir su salida del país, así como la de otros exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Desde el Palacio Legislativo, el diputado federal Federico Döring, vocero del Grupo Parlamentario del PAN, planteó que tanto Rocha como el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, deben permanecer en territorio nacional para garantizar su eventual extradición una vez cumplidos los plazos legales.
El legislador advirtió que permitir su salida equivaldría a facilitar la evasión de la justicia, al recordar casos de exfuncionarios que abandonaron el país ante investigaciones en su contra. En ese contexto, insistió en que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum debe actuar con firmeza y sin dilaciones.
Döring sostuvo que los señalamientos provenientes de Estados Unidos constituyen elementos suficientes para justificar medidas preventivas, y aseguró que la exigencia de pruebas por parte del Ejecutivo federal ya fue atendida por autoridades extranjeras. Bajo esa premisa, consideró que la renuncia de Rocha representa apenas un “cumplimiento parcial” frente a la magnitud de las acusaciones.
En el mismo tono, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Triana, urgió a activar mecanismos del sistema migratorio nacional para evitar que los implicados abandonen México, subrayando que el caso involucra a múltiples personas señaladas.
A su vez, el consejero panista Rafael Calderón Jiménez, advirtió sobre el riesgo de que los acusados intenten modificar su identidad o eludir la acción de la justicia mientras se integran las investigaciones, por lo que demandó controles más estrictos y seguimiento puntual de los implicados.
Las declaraciones del PAN elevan la presión política sobre el gobierno federal en un contexto de creciente tensión por los señalamientos internacionales contra exautoridades de Sinaloa. La exigencia de medidas migratorias se suma a las demandas de investigación y eventual extradición, en un caso que amenaza con escalar tanto en el ámbito judicial como en el terreno político.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha informado si implementará las medidas solicitadas por la oposición ni ha detallado el estatus legal de los exfuncionarios mencionados. Entretanto, el caso continúa generando reacciones y abre un nuevo frente de confrontación entre oficialismo y oposición.
