Choque institucional por caso CIA: Sheinbaum centra el debate en soberanía y FGR mantiene investigación abierta
El caso de la presunta participación de agentes de la en un operativo en Chihuahua escaló a un conflicto entre niveles de gobierno, luego de que la gobernadora rechazara acudir al y afirmara que únicamente rinde cuentas a la ciudadanía de su estado.
La postura fue respondida por la presidenta , quien colocó el eje de la discusión en la legalidad y la soberanía nacional. Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que cualquier actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano debe apegarse estrictamente a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
“Lo que nos importa es la defensa de la soberanía. Tiene que cumplirse con la ley”, sostuvo, al dejar claro que el caso no puede reducirse a responsabilidades administrativas menores.
Investigación federal y dudas persistentes
El episodio no solo ha abierto un frente político, sino también una ruta judicial. La (FGR) mantiene una investigación en curso para determinar cómo ingresaron y operaron los agentes extranjeros, así como quién autorizó —o permitió— su participación.
Desde el ámbito estatal, el gobierno de Chihuahua integró una unidad especial que arrojó conclusiones controvertidas: señaló como responsable de la entrada de los agentes a una persona fallecida en el accidente vinculado al operativo. Además, corrigió la cifra inicial de participantes extranjeros, al reconocer que no eran dos, sino cuatro.
Estas inconsistencias han alimentado cuestionamientos sobre la solidez de la versión oficial. Para el gobierno federal, el caso no puede cerrarse con la renuncia de algún funcionario o con la atribución de responsabilidades a una persona fallecida.
“No para con una renuncia”, enfatizó Sheinbaum, al insistir en que deben agotarse todas las líneas de investigación.
Soberanía, legalidad y relación bilateral
El trasfondo del conflicto rebasa lo local. La presidenta advirtió que permitir la actuación de agencias extranjeras sin autorización federal constituye una violación directa al marco constitucional y puede tener implicaciones en la relación bilateral con Estados Unidos.
Además, reconoció un clima de inconformidad social ante la falta de claridad en el caso. “El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad”, expresó, al señalar que no se trata de un asunto menor ni administrativo.
Tensión política y exigencia de rendición de cuentas
La negativa de Campos Galván a comparecer ante el Senado ha intensificado las críticas desde distintos sectores, que interpretan la decisión como una falta de transparencia en un caso de alta sensibilidad nacional.
Mientras tanto, el Senado mantiene la exigencia de explicaciones formales y la FGR continúa con las indagatorias para deslindar responsabilidades.
El caso permanece abierto y se perfila como un punto de tensión entre el gobierno federal y el estatal, con implicaciones legales, políticas y diplomáticas aún por resolverse.
