Gobierno abre debate técnico sobre fracking y pone a la ciencia en el centro de la decisión energética
Un grupo de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones evaluará en dos meses la viabilidad de extraer gas no convencional con menor impacto ambiental
En un giro que reconfigura el debate energético nacional, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició un proceso de evaluación científica sobre el uso del fracking en México, con el objetivo de determinar si esta técnica puede aplicarse bajo estándares ambientales más estrictos y con respaldo técnico sólido.
Lejos de plantear una reactivación inmediata, la administración federal optó por trasladar la discusión a un terreno técnico, mediante la conformación de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas de instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agu y el , además de centros académicos de alto nivel.
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el eventual uso de esta técnica no será resultado de una decisión política, sino del consenso científico. “No es una decisión de la presidenta, es una decisión científica”, afirmó, al detallar que los expertos tendrán un plazo de dos meses para entregar una primera orientación sobre la viabilidad del proyecto.
El análisis abarcará variables clave como la reducción en el uso de agua, la sustitución de químicos contaminantes y la mitigación de riesgos asociados al fracking tradicional, una práctica ampliamente cuestionada por sus efectos ambientales en distintas regiones del mundo.
Coahuila, bajo la lupa técnica
Como parte de este proceso, el gobierno federal identificó a como una posible zona inicial de estudio, debido a la existencia de áreas con baja densidad poblacional, lo que —según explicó Sheinbaum— permitiría reducir el impacto social en una eventual fase exploratoria.
No obstante, la presidenta dejó claro que cualquier avance estará condicionado a la participación de las comunidades locales. En ese sentido, adelantó que, de superarse la etapa técnica, se abriría un proceso de consulta para garantizar que la decisión sea colectiva y cuente con legitimidad social.
Entre la soberanía energética y el desafío ambiental
El trasfondo de esta iniciativa radica en la creciente dependencia de México del gas natural importado, particularmente desde Estados Unidos, lo que ha reavivado la discusión sobre la necesidad de fortalecer la soberanía energética.
Sin embargo, el enfoque adoptado por la actual administración busca equilibrar ese objetivo con la protección ambiental, apostando por la innovación tecnológica y el conocimiento científico como herramientas para redefinir prácticas extractivas.
La decisión de hacer públicas las conclusiones del grupo de expertos también apunta a transparentar un tema históricamente polémico, abriendo la puerta a un debate informado que involucre tanto a la comunidad científica como a la sociedad.
Con este movimiento, el gobierno federal no solo reactiva una discusión que había permanecido contenida, sino que plantea un nuevo modelo de toma de decisiones en materia energética: uno basado en evidencia, evaluación técnica y participación social.
