Gobierno federal plantea reforma integral para cerrar brechas en la investigación del feminicidio
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa de reforma constitucional y una nueva Ley General para atender el delito de feminicidio, con la que el gobierno federal busca estandarizar criterios en todo el país y corregir fallas estructurales en la procuración de justicia que han derivado en altos niveles de impunidad.
Acompañada por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, y la subsecretaria de la Secretaría De la Mujeres, Ingrid Gómez Sarasíbar, la mandataria subrayó que el eje central de la propuesta es eliminar la discrecionalidad en la clasificación de los asesinatos de mujeres, obligando a que toda muerte violenta sea investigada desde el inicio como feminicidio.
Hacia un modelo nacional homologado
El proyecto plantea la creación de un marco jurídico uniforme que deberá ser adoptado por las 32 entidades federativas, lo que implica un cambio de fondo en la manera en que ministerios públicos, fiscalías y poderes judiciales abordan estos casos.
Actualmente, uno de los principales problemas radica en la falta de homologación de criterios, lo que provoca que delitos similares sean tipificados de forma distinta dependiendo del estado. Con esta reforma, se pretende que la investigación con perspectiva de género sea obligatoria desde el primer momento, evitando omisiones o retrasos que puedan afectar la obtención de justicia.
Además, la iniciativa incorpora la imprescriptibilidad del delito, de las sanciones y de la reparación del daño, lo que significa que los casos podrán ser perseguidos sin límite de tiempo.
Enfoque en víctimas y reparación integral
Uno de los elementos más relevantes del proyecto es el fortalecimiento de los derechos de las víctimas directas e indirectas. La propuesta reconoce la necesidad de atender no solo el delito, sino sus consecuencias sociales y familiares.
En este sentido, se contempla atención médica y psicológica inmediata, asesoría legal gratuita, así como mecanismos para garantizar la restitución digna de los cuerpos. También se establece la reparación integral del daño, que incluye tanto compensaciones económicas como la restitución de derechos.
Destaca la creación de un registro nacional de menores en situación de orfandad por feminicidio, que será operado en coordinación con el Sistema Nacional DIF, con el objetivo de dar seguimiento y garantizar condiciones de vida dignas a niñas, niños y adolescentes afectados por estos crímenes.
Regulación mediática y entorno digital
La iniciativa también introduce restricciones dirigidas a medios de comunicación y plataformas digitales, al prohibir la difusión de imágenes que revictimicen a las mujeres asesinadas o que promuevan una narrativa que trivialice el delito.
Este componente busca incidir en el tratamiento social del feminicidio, promoviendo una cobertura más ética y con enfoque de derechos humanos.
Sanciones más severas y nuevas agravantes
El paquete legislativo contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio, así como sanciones para la tentativa del delito. Asimismo, se amplía el catálogo de agravantes a 21 supuestos, incluyendo condiciones de vulnerabilidad de la víctima, como edad, discapacidad, condición migrante o pertenencia a pueblos originarios.
De igual forma, se establecen nueve criterios de género para configurar el delito, entre ellos antecedentes de violencia, abuso sexual, relaciones de poder o exposición del cuerpo.
Otro punto clave es la pérdida automática de derechos sucesorios por parte del agresor sobre los bienes de la víctima, una medida orientada a evitar beneficios derivados del crimen.
Un cambio estructural en la política de justicia
Durante la presentación, enfatizó que el feminicidio debe entenderse como una grave violación a los derechos humanos, lo que obliga al Estado mexicano a responder de manera integral y coordinada.
La iniciativa será enviada al Senado de la República, donde iniciará su proceso legislativo. De ser aprobada, marcaría un cambio de fondo en la política criminal del país al establecer un sistema nacional articulado para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio.
Con esta propuesta, el gobierno federal apuesta por un rediseño institucional que no solo endurece las penas, sino que también busca transformar la manera en que el Estado responde ante la violencia de género.
